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Buenas prácticas

Un cerco al comercio de artículos académicos

Las “fábricas de ensayos” podrían ser declaradas ilegales en el Reino Unido, en el marco de una estrategia tendiente a combatir los fraudes que se propagan en la educación remota

Ilbusca / iStock / Getty Images

El gobierno del Reino Unido propuso una reforma de la legislación educativa que, de aprobarse, volverá ilícita la venta de trabajos académicos. La Cámara de los Comunes comenzó a debatir en octubre una nueva regulación para las instituciones de educación superior, con el objetivo de garantizar una formación de alta calidad para los profesionales en campos que se consideran estratégicos, tales como la ingeniería, las energías limpias y la manufactura. Uno de los instrumentos del proyecto propone transformar en delito las actividades concernientes a las denominadas “fábricas de ensayos”. Se trata de sitios web que, a cambio de dinero, elaboran artículos a pedido de los estudiantes, comprometiendo así la integridad del proceso de evaluación del rendimiento académico. “Esas empresas son absolutamente antiéticas. Desprecian el esfuerzo que realizan la mayoría de los alumnos e incluso lucran con ello”, declaró a la BBC Alex Burghart, el subsecretario de Estado para Aprendizaje y Capacidades, subordinado al Departamento de Educación del Reino Unido.

La detección de este tipo de fraude es difícil. Muchos de esos servicios ofrecen garantías de que los trabajos están bien redactados y son indetectables por los software antiplagio, aunque cuando los docentes se dan cuenta del engaño se sanciona a los alumnos. Pero las fábricas de ensayos no sufrían ninguna consecuencia en el Reino Unido, pues no había ninguna legislación acerca de su funcionamiento.

Durante la pandemia, las universidades invirtieron en la supervisión a remota de los exámenes online. Muchas de ellas contrataron los servicios de empresas que se especializan en monitorear a los estudiantes durante la realización de las pruebas, bloqueando sus navegadores de internet y vigilándolos mediante las cámaras de sus notebooks. Pero existen evidencias de que las trampas se han multiplicado con la migración de la enseñanza presencial al formato online y que las opciones para hacerlo se han vuelto más numerosas. La Agencia de Garantía de Calidad para la Educación Superior, un ente que fiscaliza a las universidades del Reino Unido, ha contabilizado 932 fábricas de ensayos operando en la actualidad, cuando en 2018 eran 638. Una investigación reciente llevada a cabo por el periódico Financial Times reveló que un artículo de historia de 1.000 palabras encargado por un estudiante universitario cuesta 124 libras esterlinas y está listo en una semana. En tanto, una tesina de maestría de 15.000 palabras se cotiza en 4.000 libras y, en este caso, el encargo debe realizarse con dos meses de antelación. Según el periódico, ha habido casos de sitios web que han chantajeado a los estudiantes, amenazándolos con denunciarlos a sus profesores a causa de atrasos en el pago.

Así como no cabe duda del carácter fraudulento de las fábricas de ensayos, otros servicios de apoyo online a disposición de los estudiantes se mueven en la frontera entre la asesoría personalizada y la chuleta o machete por encargo. Hay aplicaciones como las de las empresas Chegg y Course Hero, ambas con sede en California (EE. UU.), que ofrecen a los estudiantes, mediante una suscripción de 10 a 20 dólares mensuales, acceso a las respuestas de millones de preguntas de exámenes y a libros didácticos almacenados en sus bancos de datos, además de ofrecer ayuda con los deberes en casa.

Los usuarios pueden pedir ayuda para la resolución de problemas a expertos con posgrado en matemática, ciencias, ingeniería y otras áreas. Por sí sola, Chegg, moviliza una red integrada por 70.000 profesionales freelancers en la India que trabajan por turnos, por lo cual el servicio online se encuentra disponible en forma permanente, y proporcionan el resultado y la resolución de cuestiones planteadas por los suscriptores, a veces en menos de 15 minutos, un lapso lo suficientemente breve como para poder hacer trampa en los exámenes realizados a distancia. La empresa cuenta con 4,9 millones de suscriptores y en el último trimestre ha recaudado 198 millones de dólares. “La trampa ahora se ha tercerizado a nivel internacional, involucra a empresas multimillonarias y la impulsan los capitalistas de riesgo y los inversores de Wall Street”, escribió Karen Symms Gallagher, experta en educación online de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, en un artículo publicado en octubre en el periódico Los Angeles Times. “Este tipo de fraude no solo corrompe al individuo de mala fe. También erosiona la confianza en nuestro sistema educativo, en los alumnos honestos y en los profesionales de quienes dependemos para la creación de tecnologías que realmente sirvan a la interacción humana y a la toma de decisiones correcta”, sostiene la profesora.

Un estudio realizado por investigadores del Imperial College London, publicado en la revista International Journal for Educational Integrity, analizó la cantidad de solicitudes enviadas a Chegg en cinco áreas del conocimiento (ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, física y química) y comparó dos momentos: entre abril y agosto de 2019, y ese mismo período de 2020. La comparación reveló un incremento del volumen de pedidos de un 196 %. No se pudo precisar cuántas de esas solicitudes provenían del Reino Unido, pero los resultados se utilizaron para exponer los motivos de la reforma de la legislación respectiva. “Durante la pandemia los alumnos se han visto forzados a estudiar a distancia, lejos del confort y el apoyo que proporciona el campus. Muchos han sido presa de la desesperación y los servicios fraudulentos trataron de sacar provecho de ello”, dijo Chris Skidmore, ministro de las universidades del Reino Unido entre 2019 y 2020 en declaraciones al periódico The Guardian.

A juicio de Karen Gallagher, prohibir el funcionamiento de las fábricas de ensayos, tal como se propone en el Reino Unido, puede ayudar a contenerlas. Ella cita el ejemplo de Australia, que en 2019 proscribió a estas empresas y obtuvo buenos resultados, pero dice que podrían llegar a necesitarse medidas complementarias. “Las empresas que prestan servicios de pago, tales como Visa y PayPal deberían dejar de actuar como intermediarias entre los servicios fraudulentos y los estudiantes”, sugiere.

La empresa británica de servicios educativos Pearson publicó en el mes de octubre un informe sobre la incidencia de las trampas en los trabajos de los estudiantes en donde efectúa recomendaciones orientadas a las universidades. El documento cita una investigación de 2020 en la que participaron 7.000 alumnos universitarios de diversos países, en la cual el 30 % refirió que no confiaba en su capacidad para producir trabajos con la calidad exigida por los docentes. Pearson sugiere que las instituciones proporcionen más soporte técnico y emocional a los estudiantes con dificultades y amplíen las actividades de mentoría para el desarrollo de trabajos académicos que, por lo general, solamente están disponibles los días hábiles y en horarios en que los alumnos deben asistir a clases.

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