Brasil cuenta con más de un millón de abogados. En promedio, por cada grupo de 100 mil habitantes, son 12.519 los que han iniciado alguna acción judicial en el transcurso del año 2017. A comienzos de 2018, el país contabilizaba 80,1 millones de procesos judiciales en trámite, de acuerdo con la última edición de Justiça en Números 2018 – ano Base 2017, el estudio del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) que reúne las estadísticas actualizadas del sector. Esas cifras muestran el potencial de mercado existente para un nuevo grupo de startups que se están desarrollando en el país con mayor intensidad desde hace al menos dos años y medio: las legaltechs o lawtechs, empresas emergentes enfocadas en el desarrollo y en el uso de tecnologías aplicadas al derecho. Este neologismo surge de la unión de las palabras derecho y tecnología, en inglés. En Brasil, no se hace distinción entre ambos términos, en tanto que en el exterior se suele hacer mención a las legaltechs como startups que atienden a todo el mercado y a las lawtechs para referirse a aquellas que desarrollan soluciones cuyo público final lo constituyen los abogados.
Aún no existen estimaciones oficiales acerca de cuántas empresas de este tipo existen actualmente en el país. La Asociación Brasileña de Lawtechs & Legaltechs (AB2L) nació en el seno de un pequeño núcleo de emprendedores reunidos en un grupo de WhatsApp, y evolucionó en 2016 hacia una entidad formal, inicialmente con unos 40 asociados. Con sede en la ciudad de Río de Janeiro, en la actualidad son 180 las empresas que la constituyen, incluidas las early stage, es decir, aquellas que se encuentran aún en la fase de validación de su tecnología. “Estimo que en cinco años más surgirá un unicornio en este segmento”, dice Bruno Feigelson, presidente de la AB2L y de la startup Sem Processo, de Río de Janeiro. Unicornio es el nombre que se les asigna a las startups que alcanzan un valor igual o superior a los 1.000 millones de dólares antes incluso de abrir su capital en las bolsas de valores.
“Se trata de un fenómeno internacional. En cinco años, Estados Unidos impulsó inversiones de venture capital por valor de 1.000 millones de dólares en empresas de tecnología enfocadas en el mercado jurídico”, prosigue Feigelson. Un indicador de este movimiento es el trabajo realizado en el Center for Legal Informatics (CodeX), de la Universidad Stanford. Un grupo del CodeX desarrolló el Techindex, que mapeó 1.048 legaltechs en territorio estadounidense. Otra iniciativa internacional en ese campo se encuentra en el Reino Unido. Un estudio de Legal Geek, que reúne a más de 4.000 miembros integrantes del ecosistema de las startups legaltechs, registró 64 de éstas en 2017. Todas fueron fundadas hace a lo sumo siete años.
El Grupo de Enseñanza en Investigación e Innovación (Gepi), brazo de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo (FGV Derecho SP), está concluyendo un estudio sobre el uso de estas nuevas tecnologías en los estudios jurídicos brasileños. Y sus resultados saldrán publicados a finales de este año. La incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito del derecho no constituye precisamente una novedad, pero se las venía aplicando exclusivamente en los procesos internos, especialmente en lo atinente a la administración de los estudios jurídicos. “Ahora el partido está cambiando: muchas tecnologías están orientándose hacia la actividad fin. Los bancos de datos, por ejemplo, se automatizan ya pensando en cómo eso puede hacer que los abogados brinden mejores servicios. Contamos con tecnologías tales como las de gestión de expedientes y de peticiones electrónicas, que ayudan a organizar mejor las acciones dentro de los tribunales”, destaca Alexandre Pacheco da Silva, docente de la FGV Derecho SP y uno de los coordinadores del Gepi. “Tenemos también campos de frontera en el área jurídica, como la lectura de decisiones judiciales mediante algoritmos que categorizan y exportan los datos de los expedientes, y aquellos que construyen el perfil decisorio de un juez específico”, informa. “Son soluciones tecnológicas más sofisticadas.”
¿Los profesionales del derecho deberían temerles a estos cambios? “Las funciones de índole burocrática, repetitivas, se verán afectadas directamente, mientras que otras actividades seguirán siendo ejecutadas por los profesionales, tales como las relaciones interpersonales con los clientes”, apunta Pacheco da Silva. “Difícilmente un cliente quedará satisfecho al comunicarse con el estudio jurídico que contrató valiéndose únicamente de una plataforma digital”. Para él, el mercado y las universidades deberán repensar el tipo de formación que se les impartirá a los futuros abogados. “No habrá empleo para quienes no se encuentren capacitados en este nuevo escenario”, afirma.
Organismos del Poder Judicial tales como el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), entre otros, han automatizado las peticiones. Y los contratos pasan ahora por ese mismo proceso. “Resulta difícil expresar en cifras las ventajas de la automatización, pues cada empresa registra distintas ganancias”, dice Pacheco da Silva. Con todo, en la investigación que él coordina puede accederse a testimonios de profesionales que lograron disminuir de dos horas y media a alrededor de 20 minutos el tiempo que tardarían para completar determinados tipos de contratos.
Según el investigador, el estudio de la FGV que saldrá publicado muestra que la gran mayoría de las empresas que emplean soluciones de las legaltechs se encuentran en las regiones sur y sudeste de Brasil. Una de las excepciones que menciona es el estudio Urbano Vitalino, del estado nordestino de Paraíba, que creó un robot destinado a la automatización de documentos. AB2L también refleja esa concentración geográfica. Entre sus 180 asociadas, incluidas las que se encuentran en el early stage, 57 están en São Paulo y 13 en Río de Janeiro. También existen legaltechs asociadas en los tres estados del sur del país y en Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, el Distrito Federal, Pernambuco, Amazonas y Amapá.
Sin recursos públicos
Hay algo que constituye una impronta de esta generación de startups en Brasil: su independencia con relación a los recursos públicos. Ejemplo de esto es Tikal Tech, de São Paulo, que nació en 2014 como fruto de inversiones concretadas por el abogado Antônio Maia, también de São Paulo. La empresa celebra el hecho de que haya unos 200 mil abogados que han utilizado o aún utilizan sus productos hasta el presente. “También contamos con más de 300 mil clientes esporádicos, personas físicas que tuvieron algún contacto con nuestros servicios”, revela Derek Oedenkoven, CEO de la empresa.
Mediante la utilización de robots rastreadores, cuya función consiste en simular la navegación en internet para monitorear, consultar, capturar y almacenar información referente a expedientes jurídicos, y el aprendizaje de máquinas, para que los robots lean, clasifiquen e identifiquen información de interés, Tikal Tech creó LegalNote. Es un sistema que rastrea en internet e identifica todos los expedientes del abogado usuario que han tenido algún movimiento, mediante el empleo del número de matrícula profesional de la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
LegalNote empezó también a registrar a usuarios que no eran abogados, tales como personas que iniciaron juicios laborales o aquellos relacionados con la defensa del consumidor, y también hizo lo propio con empresas de pequeño porte. Surgió así un nuevo servicio, llamado SeuProceso. Con él, el usuario no sólo efectúa el seguimiento de la acción judicial que impulsa, sino que también accede a la traducción del lenguaje jurídico en una forma didáctica. La empresa creó también un robot para la automatización jurídica en Brasil llamado Eli, y ofrece una aplicación con la cual los abogados pueden encontrar y contratar a colegas en todo territorio nacional llamada Diligeiro.
Deep Legal, creada hace un año y medio en São Paulo, también es el resultado de inversiones privadas realizadas por las abogadas Vanessa Louzada y Rosely Cruz, por la publicitaria Isabela Ventura y por los ingenieros Raul Azevedo y Ricardo Rezende. Es un sistema que ofrece tres soluciones. Vía Monitor, el usuario logrará ver en tiempo real su rendimiento jurídico a través de indicadores: volumetrías diversas tales como entradas, juicios, cierres, acuerdos, dónde están y cuáles son sus estadios en la tramitación. Con Compare, el interesado logra comparar la actuación jurídica de su estudio o empresa con la de la competencia. En tanto, la solución Predict recaba información estadística sobre las probabilidades de perder o ganar juicios que el usuario tiene en su cartera, mejorando las estimaciones de resultados. De este modo, los abogados pueden generar mejores estrategias, tales como la búsqueda de un acuerdo o la alteración de su tesis de defensa. El equipo que posee aptitud en el área jurídica valida las tecnologías que desarrolla a través del estudio Neolaw, utilizando a 20 de sus clientes para operar en forma experimental y sin costo los productos creados. Esta herramienta estará disponible para estudios del área y para los departamentos jurídicos de las empresas a partir del mes de noviembre.
En tanto, Linte obtuvo 100 mil dólares de aporte de una aceleradora de San Francisco, en Estados Unidos, para crear el software que lleva el nombre de la empresa. Su función consiste en combinar la automatización de documentos con el workflow (el flujo de trabajo). “Sabemos que después de la actividad A viene la actividad B. El software del workflow ayuda a organizar nuestro trabajo en etapas y a automatizarlas”, explica Gabriel Senra, socio fundador de Linte, que se aloja en Cubo, el espacio destinado a emprendimientos del banco Itaú Unibanco y del fondo de inversión Redpoint eventures, en São Paulo.
Inversiones propias
Algunos desarrolladores interesados en este mercado se aventuraron con recursos propios: tal es el caso de la startup carioca Sem Processo. Fundada en enero de 2016, su plataforma facilita acuerdos extrajudiciales al conectar a abogados de personas comunes con los departamentos jurídicos de empresas que son o pueden ser objeto de acciones judiciales. El objetivo de ello es ganar tiempo y ahorrar dinero al promover acuerdos entre las partes y evitar que los casos terminen en la Justicia, o permitir que las partes lleven adelante la negociación y cierren un proceso en marcha.
En menos de un año, la plataforma ya registraba casos de más de 500 empresas distintas. “Empezamos a desarrollar un módulo al que le dimos el nombre de contencioso, operado por las empresas, departamentos jurídicos o estudios. Algunas empresas tienen 30 ó 40 estudios que trabajan para ellas y todos se valen de Sem Processo”, comenta Bruno Feigelson, uno de los fundadores.
Otra startup que optó por ese camino es la paulistana Legaltech. Fundada en 2009 por José Antônio Milagre, actúa en la gestión de reputación online, enfocada en el monitoreo de datos personales y de la imagen de las personas, empresas e instituciones en internet. “En 2015 empezamos a pensar en desarrollar robots para automatizar la búsqueda de datos personales, ofensas, noticias y perfiles falsos y violaciones a los derechos autorales en las redes sociales”, recuerda Milagre. Así fue como Legaltech también pudo automatizar el proceso de custodia de pruebas, mediante el cual almacena los datos de quienes publicaron fotos o textos ofensivos o crearon perfiles falsos.
“Nuestra herramienta monitorea en promedio 600 mil publicaciones en redes sociales, públicas o privadas”, comenta. Su tecnología se vale de la inteligencia artificial, la web semántica –en la cual la máquina interpreta la información– y el aprendizaje de máquinas. Todos estos recursos se emplean para identificar una publicación de foto y video, clasificar si hay ofensas o no y evaluar si tienen repercusión jurídica. En caso de que la búsqueda en internet registre una prueba con valor forense, entra en acción otro producto llamado Minha Imagem, que formula el pedido de remoción interactuando con los formularios de redes sociales o elaborando la pieza jurídica.
El estudio Opice Blum, de São Paulo, optó por crear su propia operación en legaltech en 2013, en la cual actúan siete de sus aproximadamente 100 empleados. El equipo desarrolló un sistema de monitoreo de noticias falsas en escenarios electorales, por ejemplo. “Podemos detectar si una publicación en una red social constituye una noticia falsa o fake news, si está registrando accesos y ‘me gusta’ en cantidades mayores que otras publicaciones y si debe ser objeto de una acción especial e inmediata, sugiriéndoles medidas a los clientes”, explica el fundador y socio del estudio, Renato Opice Blum.
“Pero el trabajo va más allá: algoritmos y modelos matemáticos también ayudan a los abogados a demostrar en juicio las acciones coordinadas entre medios de comunicación o perfiles para perpetrar actos ilícitos, por ejemplo”. El estudio tiene una fuerte actuación en la detección de productos falsificados de tiendas virtuales, entre otras acciones que comprenden inteligencia artificial y smart contracts, cualquier contrato pasible de ejecutarse o hacerse cumplir por sí sólo, formalizando negociaciones que prescinden de intermediarios.
Otra herramienta de este estudio jurídico analiza las decisiones en los distritos, verificando en cuáles sus abogados tienen menos éxito. La captura y el cruzamiento de datos permiten que se sepa si existen más profesionales activos en determinados distritos al captar procesos contra sus clientes, por ejemplo, o si existen menos probabilidades de conciliación para evitar las acciones judiciales, o un mayor riesgo de tener un juicio en el cual clientes pueden perder, y las posibilidades de alterar la sentencia judicial al interponer un recurso.
La aceleración de startups
Thomson Reuters –una multinacional que opera en diversos sectores, el jurídico inclusive– promovió en julio el programa Accelerator Day for Lawtechs en Campinas, en el interior de São Paulo. De las 20 empresas que se inscribieron, nueve quedaron seleccionadas. Todas ellas poseen experiencia en el mercado y clientes, y su misión consistió en presentar proyectos con sugerencias tecnológicas para agregarle valor a Legal One, el software jurídico que la consultora desarrolló y comercializa.
“Es más fácil colocar una solución en un mercado complejo como Brasil y luego llevarla a otro mercado”, remarca Ralff Tozatti, director de marketing de la multinacional en Brasil y uno de los mentores de Acceletaror Day. Las empresas seleccionadas reciben mentoría, orientaciones referentes al marketing y desarrollo de mercado, participan en eventos y están siendo certificadas por Thomson Reuters. En octubre de este año concluirán el desarrollo de sus tecnologías utilizando a la propia Thomson Reuters como “laboratorio”.
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