La preocupación por la crisis climática es cada vez mayor entre los gestores municipales que, impulsados por la experiencia de otras ciudades en países emergentes, buscan incorporar estrategias con miras a mitigar los efectos del calentamiento global a la hora de formular políticas públicas. En una tendencia que ha cobrado fuerza a partir de la década de 2000, los investigadores del campo de las ciencias humanas y sociales han desarrollado estudios para mostrar los impactos de este fenómeno en la vida cotidiana, identificar desafíos y proponer caminos para que las ciudades brasileñas elaboren planes de adaptación teniendo en cuenta los escenarios futuros.
“La agenda de adaptación de las ciudades brasileñas a la crisis climática aún es incipiente porque compite con otras cuestiones urgentes en materia de salud y educación”, dice Gabriela Marques Di Giulio, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (FSP-USP). En el marco de un proyecto que viene desarrollando desde 2015, Marques Di Giulio investiga cómo están avanzando las ciudades brasileñas en sus agendas de adaptación, alineando las acciones climáticas con las políticas de desarrollo sostenible. En su primera etapa, el estudio, en el que además de los científicos de la USP también participaron investigadores de la Universidad de Campinas (Unicamp), la Universidad Federal de Itajubá (Unifei) y la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, con la colaboración de científicos de otras universidades brasileñas, identificó la comprensión de seis grandes ciudades (São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Manaos, Vitória y Natal) en materia de vulnerabilidad urbana, analizando las acciones ya ejecutadas y las barreras existentes para ponerlas en práctica. La evaluación de los planes directores y los andamiajes regulatorios formaron parte del alcance del trabajo, lo que permitió determinar en qué medida las cuestiones climáticas forman parte de la rutina administrativa diaria y se las tiene en cuenta a la hora de formular políticas públicas.
Posteriormente, se amplió el abanico de la investigación y se evaluaron las 645 ciudades del estado de São Paulo, verificándose, por ejemplo, si los municipios disponen de herramientas para prevenir inundaciones y deslaves y si tienen planes para mitigar los riesgos. Se constató si existen programas de estímulo a la agricultura familiar y comunitaria y si hay alguna legislación o instrumento de gestión ambiental que contemple la adaptación y atenuación del cambio climático. Para evaluar el potencial de adaptación de los municipios, los investigadores que tomaron parte en el proyecto crearon el Índice de Adaptación Urbana (UAI), compuesto por 26 indicadores sobre políticas públicas en áreas tales como vivienda, movilidad urbana, agricultura sostenible y gestión ambiental. Dicho índice interactúa con los parámetros establecidos por el Plan Nacional de Adaptación Climática, publicado en 2016 como complemento a la Ley nº 12.187/2009, que establece las directrices por seguirse en los distintos niveles de gobierno para mitigar las consecuencias del aumento de la temperatura del planeta. “Por medio de este índice, podemos medir la capacidad adaptativa actual de los municipios”, comenta Marques Di Giulio. “Se lo aplicó en la evaluación de los 645 municipios paulistas y permitió constatar que más de la mitad presentan poca capacidad de adaptación”, relata la investigadora. La próxima etapa del proyecto incluirá la extensión del análisis a la totalidad de los 5.500 municipios de Brasil.
También con base en el análisis de las agendas de adaptación de las ciudades brasileñas, la socióloga Fabiana Barbi Seleguim, del Núcleo de Estudios e Investigaciones Ambientales (Nepam, en portugués) de la Unicamp, comprobó que los planes municipales comenzaron a publicarse efectivamente hace cinco años, pero aún son incipientes. “El municipio de Santos (São Paulo) fue uno de los primeros del país que elaboró un plan de este tipo, en 2016. Desde 2018 se lo ha estado reformulando, a partir de la participación en el proyecto ProAdapta, que promueve la adaptación de los centros urbanos a los cambios climáticos y cuenta con aportes de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ)”, dice.
Mediante el aporte de 27 millones de reales en recursos, compartidos con Salvador, otra ciudad que forma parte de la iniciativa, Santos puso en marcha acciones tales como la instalación de 49 grandes bolsas de arena en el lecho marino en Ponta da Praia, una zona de la ciudad que venía padeciendo con la erosión; entre 2013 y 2016, ese tramo de la playa perdió casi 80.000 metros cúbicos de arena (lea en Pesquisa FAPESP, ediciones nº 238 y 274). “Pese a que aún no posee una política climática aprobada, el municipio decidió avanzar en su agenda y cuenta con una comisión a cargo del tema, que trabaja directamente con el despacho del alcalde”, informa la socióloga. Como resultado de estas acciones, hoy en día la preocupación por las cuestiones climáticas está presente en varias de las carteras municipales. La Comisión Municipal de Adaptación a los Cambios Climáticos (CMMC, en portugués), compuesta por funcionarios de distintas secretarías, por ejemplo, viene desarrollando desde el año pasado un proyecto para adaptar la zona del cerro Monte Serrat, que lleva muchos años sufriendo problemas de deslaves como consecuencia de la deforestación y la densificación de la población.
“El gobierno municipal está invirtiendo en la revitalización del ecosistema e involucrando a la población a través de seminarios y workshops de concientización al respecto de la importancia de la cobertura forestal para reducir los riesgos de catástrofes naturales”, explica Seleguim, quien menciona a Recife (Pernambuco), Sorocaba (São Paulo), Extrema (Minas Gerais), Fortaleza (Ceará), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Curitiba (Paraná), Salvador (Bahía), Río de Janeiro (Río de Janeiro) y São Paulo (São Paulo) como municipios que han logrado avances en su agenda de adaptación y cuyos planes han involucrado principalmente a los sectores de Defensa Civil y planificación urbana. En el caso de la capital paulista, que también cuenta con un comité del clima que asesora al gobierno municipal, acaba de publicarse un plan de acción climática, un documento estratégico que muestra cómo el municipio se propone alinear sus iniciativas con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, el tratado mundial que entró en vigencia en 2016, con la participación de Brasil y de otros 194 países, que busca atenuar el calentamiento global. Más allá del plan nacional vigente desde hace cinco años, Seleguim constató en su estudio que la filiación de las ciudades brasileñas a redes transnacionales de municipios, tales como Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (Iclei), fundada en 1990 y que agrupa a 2.500 ciudades de 125 países, han cooperado para el avance de la agenda climática en el país.
En busca de contribuir para el desarrollo de planes municipales, la historiadora Silvia Helena Zanirato, de la USP, estudia desde 2012 pequeñas ciudades de la zona de Vale do Paraíba y de la costa norte del estado de São Paulo. Su investigación identifica las vulnerabilidades y comparte la información recopilada con los funcionarios públicos de los 31 municipios involucrados en el proyecto. “Las ciudades de la región se desarrollaron hace tres siglos en función de la producción de café, con muchas viviendas construidas en los cerros, aún en el siglo XIX. Naturalmente, al erigirlas no se tuvo en cuenta el aumento de la temperatura y las precipitaciones a causa de la crisis climática”, dice. Estas vulnerabilidades, sumadas a las formas de uso y ocupación del suelo, con una intensa deforestación y el pastoreo del ganado bovino pisoteando grandes extensiones del terreno, acentúan los riesgos de deslizamientos de tierra. “La idea es que los administradores locales tengan en cuenta esta realidad, patente en la información recabada tras el mapeo, para el desarrollo de políticas públicas”, dice Zanirato.
Por un lado, la preocupación por los problemas cotidianos más urgentes en materia de salud y educación dificulta la planificación de agendas de adaptación a largo plazo, por otro la escasez de datos aparece como un reto no menos importante para hacer frente a la crisis ambiental. Esto incluye desde el mapeo de las comunidades costeras, que podrían verse afectadas por la elevación del nivel del mar, hasta el faltante de conocimiento acerca de los impactos locales relacionados con los fenómenos climáticos. Esta fue una de las conclusiones de la investigación posdoctoral del sociólogo Pedro Henrique Campello Torres, de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades (EACH), realizada en el Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEE), ambas unidades de la USP, como parte de un proyecto temático financiado por la FAPESP.
En dicho trabajo, que se llevó a cabo en lo que se conoce como la macrometrópolis paulista –una región que abarca 175 ciudades que, en conjunto, suman 35 millones de habitantes–, Campello Torres se propuso identificar las prácticas de innovación para la gobernanza ambiental, tomando como base la experiencia de otros países en desarrollo. “Para formular sus estrategias, Brasil puede verse reflejado en las iniciativas de otras naciones del hemisferio sur con características similares en materia de desigualdades y vulnerabilidad de la población”, informa el investigador. Asimismo, según él, el concepto de justicia climática, que considera cómo impacta el calentamiento global en forma desigual en las sociedades, también puede orientar nuevas acciones. “Este concepto fue acuñado en el marco de la conferencia sobre el clima que se llevó a cabo en 2001 en Europa, y se consolidó tras el paso del huracán Katrina, que causó devastación en una región de Estados Unidos en 2005 y mató a unas 1.800 personas. Ahí quedó en evidencia para todo el mundo cómo la crisis climática afecta de manera más intensa a los más vulnerables”, dice.
El sociólogo y economista Pedro Roberto Jacobi, del Programa de Posgrado en Ciencia Ambiental de la USP, coordinador del proyecto en el que se enmarca la investigación de Campello Torres, explica que la misma abarca los diferentes impactos de los eventos relacionados con los cambios climáticos, en dos tipos de áreas urbanas de la macrometrópolis paulista, una región que se caracteriza por las desigualdades ambientales y sociales. En un artículo publicado el año pasado, los investigadores que trabajan en el proyecto analizaron 61 eventos pluviales y 47 muertes relacionadas con ellos que ocurrieron entre 2016 y 2019. “Hay dos patrones predominantes en los decesos causados por las lluvias, especialmente en su forma extrema. En las zonas no vulnerables, la mayoría se relaciona con las crecientes de los ríos que han sido canalizados y las llanuras de inundación ocupadas por avenidas en cuencas impermeables”, informa. Más allá del problema de infraestructura, las muertes pueden asociarse al desconocimiento de los peligros de transitar por zonas inundadas y por la ausencia de una estructura de socorro lo suficientemente ágil como para poder salvar vidas.
En tanto, en los sectores vulnerables, las muertes tienen que ver con la precariedad de las viviendas, construidas en zonas proclives a sufrir deslizamientos de tierra. “Si la infraestructura de las regiones de clase media y alta es inadecuada frente a la incertidumbre que acarrean los cambios climáticos, en la periferia es incompleta o incluso inexistente”, dice Jacobi. “La realidad que evidencian estos datos debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar estrategias municipales de adaptación y gobernanza”.
Según el investigador, cuando en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se priorizaba el debate acerca de las métricas que comprendían los efectos del cambio climático sobre la temperatura del planeta. Hoy en día, esta organización integrada por científicos de unos 40 países reconoce la existencia de una brecha en la comunicación con la sociedad en lo que tiene que ver con la crisis climática. “En este sentido, las investigaciones en ciencias humanas y sociales también tratan de contextualizar cómo se sienten los impactos en la materialidad de la vida cotidiana”, informa Marques Di Giulio, de la USP.
Para el investigador Danilo Rothberg, de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), en su campus de la localidad de Bauru, aunque las investigaciones en ciencias naturales han venido alertando sobre las consecuencias de la crisis ambiental, la población parece poco preparada para modificar sus hábitos. “Los científicos del campo de las humanidades pueden ayudar a proyectar el tema en la sociedad”, sostiene. Con esta premisa en su horizonte y en el marco de un proyecto de investigación financiado por la FAPESP, él entrevistó a 45 miembros del Comité de la Cuenca Hidrográfica del Alto Tietê, entre los que había representantes de movimientos sociales, empresarios, ejecutivos de la industria e integrantes del poder público. “Pudimos constatar que entre los sectores involucrados en la gobernanza de las aguas la preocupación por la crisis climática va en aumento. Pese a ello, se están topando con dificultades para transformar esta inquietud en políticas efectivas”, dice Rothberg. “Algunos representantes relataron que sus sectores solo se movilizan en casos de emergencia”.
Para el antropólogo Renzo Romano Taddei, de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), el formato científico del mensaje climático, al poner el énfasis en sus indicadores físicos a escala global, llega a los actores locales en forma demasiado abstracta, dificultando su integración con los procesos de decisión. “El mayor reto consiste en mostrar de qué manera se despliega la información global en consecuencias locales contextualizadas. Para que el mensaje sea más efectivo, en lugar de hablar de un aumento del nivel promedio del mar, por ejemplo, sería mejor elaborar diagnósticos específicos de sus efectos sobre las infraestructuras costeras”, reflexiona el antropólogo, quien viene investigando el tema desde el año 2002.
Según Taddei, el compromiso de los investigadores brasileños del ámbito de las ciencias humanas y sociales con el tema del cambio climático es menor que el que se observa en Estados Unidos y en Europa. En el país, cobró gran impulso tras la publicación del libro Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins / ¿Hay un mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines (Instituto Socioambiental, 2014; Caja Negra, 2019), cuyos autores son el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro y la filósofa Déborah Danowski. “En el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, las comunidades científicas y los procesos de producción de conocimiento del clima se investigan desde el punto de vista de la sociología, la antropología, la historia y la filosofía”, dice. Taddei explica que una de las pautas de la antropología ha sido el desarrollo de estudios empíricos con comunidades tradicionales como las campesinas, indígenas y de pescadores para entender cómo repercuten y se interpretan tales cambios. El antropólogo recuerda que la discusión en torno al concepto d Antropoceno –una nueva era geológica en la que los seres humanos, según algunos autores, se habrían vuelto capaces de alterar las condiciones biotermodinámicas del planeta– también ha impulsado la participación de los sociólogos (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 243). Él resalta el rol de los organismos de fomento en este panorama. Cada vez con más frecuencia, instituciones como la FAPESP, han incentivado la participación de investigadores de las ciencias sociales y humanas en los llamados a concurso de los programas de financiación sobre el tema.
A partir de la premisa de que las experiencias de los países del hemisferio sur del planeta pueden generar aportes para la agenda climática brasileña, en un proyecto de investigación que llevó a cabo entre 2014 y 2016 con el respaldo de la FAPESP, la ecóloga y socióloga Leila da Costa Ferreira, de la Unicamp, realizó un estudio comparativo de las políticas ambientales de Brasil y de China. El proyecto tuvo continuidad en otro estudio que desarrolló entre 2017 y 2019, el cual también incluyó a Mozambique. Da Costa Ferreira explica que, pese a que China sigue siendo el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, a partir de 2010 ha adoptado medidas para mitigar la contaminación. Ahí es donde se incorpora, por ejemplo, la política nacional de reforestación, mediante la reposición de árboles autóctonos y la participación de las comunidades locales.
“El Ejército chino está replantando árboles y le ha pagado a los campesinos para trabajar en esta tarea. Esta iniciativa constituye una estrategia para la creación de empleo verde que podría servirle de ejemplo a Brasil”, enfatiza la socióloga. Aunque es uno de los países más contaminantes del planeta, uno de los resultados que ha obtenido, según Da Costa Ferreira, es que ciudades como Pekín, donde hace 10 años no se podía ver el cielo a causa del esmog, ahora se observa que ha disminuido la polución atmosférica. “China se ha abocado al proceso de sustituir su matriz energética, que aún se basa en el carbón, invirtiendo en la construcción de grandes parques eólicos y solares”, dice. Otro aspecto de la agenda climática china es la creciente participación de la sociedad. En 2010, en sus primeros estudios sobre el país, Da Costa Ferreira contabilizó la existencia de 3.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a combatir la crisis climática. Hoy en día hay alrededor de 9.000.
En su investigación posdoctoral, Seleguim identificó tres momentos en el proceso de institucionalización de la cuestión climática en Brasil. En el primero, entre 1992 (cuando se celebró la conferencia Río-92) y 2002, se establecieron las estructuras político-institucionales y científicas centradas en el tema, una instancia que se caracterizó por la articulación entre el nivel internacional y nacional. Con la propuesta de presentarlo y movilizar a la sociedad, el Foro Brasileño sobre el Cambio Climático (FBMC, en portugués), creado en 2000, fue un hito de la primera etapa. La segunda comprende el período que va de 2003 a 2008 y se destaca por el desarrollo de una agenda político-científica y por la planificación de acciones. Por último, el período que arrancó en 2009 ha estado signado por la elaboración de una política climática y por el afianzamiento de la agenda científica en torno al tema. “La Política Nacional sobre Cambios Climáticos fue aprobada en 2009, y estipula planes sectoriales. En este período, se organizaron eventos públicos, llamados a presentación de propuestas de institutos de investigación y se conformaron nuevas organizaciones de la sociedad civil”, comenta Da Costa Ferreira, mencionando el lanzamiento del Programa de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales (PPMCG) de la FAPESP, en 2008. “Tanto Brasil como China han volcado gran parte de sus esfuerzos a actividades relacionadas con la mitigación, es decir, la estabilización o la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las estrategias de adaptación aún son incipientes en ambos países”, informa, subrayando la importancia de la intervención municipal para el desarrollo de esta agenda.
Durante el seminario online denominado Acciones Subnacionales en la Implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Brasil, promovido por el PPMCG de la FAPESP a comienzos del mes de julio, Suzana Kahn Ribeiro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), también puso de relieve el rol de los gobiernos subnacionales. En opinión de la investigadora, tales entidades son fundamentales para la concreción de políticas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar modelos económicos basados en soluciones de baja emisión de carbono, colaborando con el avance de la agenda nacional de lucha contra los cambios climáticos.
El evento también abordó los resultados del estudio elaborado por la Asociación Brasileña de Entidades Estaduales de Medio Ambiente (Abema) con la Asociación Estratégica para la Implementación del Acuerdo de París, de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, como el hecho de que el 40 % de los estados brasileños cuentan con metas de reducción de las emisiones alineadas con el Acuerdo de París. La coordinadora técnica del clima de Abema, Inamara Santos Melo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Estado de Pernambuco, quien participó en el seminario, explicó que, por otro lado, el 70 % de los estados del país ya contaban en 2019 con políticas al respecto de los cambios climáticos. Santos Melo hizo hincapié en el rol estratégico de las gobernaciones de los estados para el desarrollo de esta agenda, debido a su proximidad, tanto de las instituciones de investigación científica como de las administraciones municipales.
Proyectos
1. El desafío de la gobernanza del cambio climático en Brasil: un análisis multinivel y multiactores (el caso del estado de São Paulo) (nº 19/14867-2); Modalidad Programa de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales; Investigadora responsable Leila da Costa Ferreira (Unicamp); Inversión R$ 127.282
2. El reto de los cambios ambientales globales en el Antropoceno: la cuestión de las dimensiones humanas del cambio climático (Brasil, China y Mozambique (nº 17/06347-3); Modalidad Ayuda de Investigación – Regular; Investigadora responsable Leila da Costa Ferreira (Unicamp); Inversión R$ 140.155
3. El reto del cambio climático: la internalización política de la cuestión climática en Brasil y en China en el período 1992-2012. (nº 14/03101-5); Modalidad Beca posdoctoral; Investigadora responsable Leila da Costa Ferreira (Unicamp); Beneficiaria Fabiana Barbi Seleguim; Inversión R$ 315.388,64
4. Nuevos medios de cooperación científica para la innovación en la Gobernanza Socioambiental de la Macrometrópolis de São Paulo (nº 18/06685-0); Modalidad Beca posdoctoral; Investigador responsable Pedro Roberto Jacobi (USP); Beneficiario Pedro Henrique Campello Torres; Inversión R$ 583.696,98
5. La gobernanza ambiental de la macrometrópolis paulista de cara a la variabilidad climática (nº 15/03804-9); Modalidad Programa de Investigación sobre el Cambio Climático Global; Investigador responsable Pedro Roberto Jacobi (USP); Inversión R$ 5.570.977,41
6. Governance, sustainability and climate issues in urban environment: the role of scientific knowledge and networks in building adaptive capacity to respond to climate impact (nº 14/50313-8); Modalidad Ayuda de Investigación – Regular; Convenio Universidad de Michigan; Investigador responsable Gabriela Marques Di Giulio (USP); Inversión R$ 21.628,31
7. Comunicación y memoria en la gobernanza del agua y la adaptación a los cambios climáticos (nº 18/02270-9); Modalidad Ayuda de Investigación – Regular; Investigador responsable Danilo Rothberg (Unesp); Inversión R$ 78.388,43
Artículos científicos
BARBI, F. et al. Climate change challenges and China’ response: mitigation and governance. Journal of Chinese Governance. v. 1. n. 2, p. 324-339, 2016.
NEDER, E. A. Urban adaptation index: assessing cities readiness to deal with climate change. Climatic Change, n. 166, 2021.
TRAVASSOS, L. et al. Why do extreme events still kill in the São Paulo Macro Metropolis Region? Chronicle of a death foretold in the global South. International Journal of Urban Sustainable Development. 13:1, p. 1-16, mayo, 2020.
Libros
FERREIRA, L. C. et al (org.). Dimensões Humanas das Mudanças Climáticas no Sul Global. Curitiba: editorial CRV, São Paulo: FAPESP, 2020.
TADDEI, R. Meteorologistas e profetas da chuva: Conhecimentos, práticas e políticas da atmosfera. São Paulo: Terceiro Nome, 2017.
TORRES, P. H. C; JACOBI, P. R. (orgs.). Towards a just climate change resilience: Developing resilient, anticipatory and inclusive community response. Palgrave Studies in Climate Resilient Societies, Palgrave Macmillan, 2021.