¿El desarrollo de las tecnologías de edición genética es más rápido que la posibilidad de gestionarlas? Con este planteo en el horizonte, desde 2015 genetistas, biólogos, bioeticistas y juristas se han movilizado en defensa de una regulación global para el uso de herramientas como la técnica Crispr, que utiliza proteínas para recortar el ADN y provocar cambios en puntos específicos de los genes. Asimismo, advierten sobre la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza que les aseguren a los ciudadanos la equidad en el acceso a los avances científicos que pueden, por ejemplo, curar enfermedades raras, entre ellas la atrofia muscular espinal (AME), que en sus formas más graves causa la muerte prematura de los bebés durante sus dos primeros años de vida.
El desarrollo de la tecnología Crispr, acrónimo en inglés por conjunto de repeticiones palindrómicas cortas y regularmente espaciadas, les valió el Premio Nobel de Química 2020 a la genetista francesa Emmanuelle Charpentier y a la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna. En 2012, ambas trabajaron en forma asociada para obtener un sistema más rápido y accesible de edición génica (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 288). A pesar de los avances científicos y tecnológicos en la materia, los investigadores consultados para la elaboración de este reportaje afirman que existe un vacío legislativo en lo que se refiere a las técnicas de edición genética, entre ellas la Crispr, pero consideran que la construcción de un diálogo con estudiosos de las ciencias sociales y humanas puede hacer su aporte para superar este reto internacional.
Los debates bioéticos al respecto de la Crispr cobraron fuerza en 2018, cuando el biofísico chino He Jiankui, de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, editó embriones sanos de gemelas para hacerlos inmunes al virus VIH (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 274). El suceso causó aprensión en la comunidad científica al respecto de los límites de la intervención en el genoma de las generaciones futuras. “El acontecimiento fue considerado la ruptura de una de las barreras éticas más importantes de nuestro tiempo: la intervención genética en los embriones, es decir, en la línea germinal humana, una frontera más allá de la cual no tenemos conocimientos suficientes como así tampoco la madurez civilizatoria necesaria para manipularla”, sostiene Norton Nohama, bioeticista de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR), en Brasil. Según el investigador, los avances tecnológicos les han impuesto a los científicos la responsabilidad de promover un debate que hasta ahora parecía tan lejano que algunos lo consideraban innecesario.
En la estela de este proceso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2021 documentos que suministraron las primeras recomendaciones tendientes a orientar las investigaciones con la edición del genoma humano. La elaboración de los informes intitulados Humam genome editing: recommendations”, “Human genome editing: A framework for governance” y “Human genome editing: Position paper”, se extendió durante dos años y movilizó el trabajo de científicos, pacientes, líderes religiosos y pueblos indígenas. Se estableció que las técnicas de edición del genoma humano deben funcionar como herramientas para promover el desarrollo de la salud pública y terapias para enfermedades genéticas para las cuales no existe un tratamiento. Estos informes, que contienen nueve recomendaciones, orientan, por ejemplo, sobre la necesidad de asegurar que los ensayos clínicos que utilizan tecnologías de edición del genoma humano sean revisados y aprobados por comités de ética antes de su inclusión en los registros nacionales y regionales, como así también que estos registros contengan palabras claves que aseguren su correcta identificación. La manipulación del genoma debe llevarse a cabo únicamente en aquellos lugares donde existan entidades capaces de supervisar la investigación.
Como parte de las preocupaciones mundiales que involucran la edición del genoma humano, en Brasil, científicos de la PUC-PR se están aprontando para publicar, en enero de 2023, un libro que esboza un panorama de las cuestiones éticas relacionadas con la técnica de edición Crispr y los desafíos que supone su regulación. Uno de los autores de la obra, Norton Nohama, explica que los estudios con ADN recombinante y transgénicos han llevado al desarrollo de normas de bioseguridad a cargo de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Técnicas como la Crisper pasaron a clasificarse como Tecnologías Innovadoras de Mejoramiento de Precisión (Timp). “Las herramientas de ADN recombinante introducen fragmentos del ADN de una especie en otra y permiten crear Organismos Genéticamente Modificados [OGM]. En cambio, la técnica Crispr realiza un procedimiento similar con el ADN del propio organismo”, diferencia Nohama. Según él, la Unión Europea entiende que la Crispr debe reglamentarse de acuerdo con la normativa adoptada para los OGM. El agrónomo Alexandre Nepomuceno, actual gerente general de Embrapa Soja, una de las unidades de la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), quien en su condición de experto en biotecnología fue nombrado por el Ministerio de Agricultura y asumió recientemente su 9º mandato en la CTNBio, explica que en Brasil, la Resolución Normativa nº 16, de 2018, estableció los requisitos técnicos para la presentación de consulta sobre las Timp, introduciendo mecanismos de análisis de bioseguridad. “A través de esta resolución, la CTNBio analiza, caso por caso, las investigaciones y productos desarrollados mediante técnicas de edición génica, incluyendo aquellas desarrolladas con Crispr. La comisión de bioseguridad brasileña evalúa si el producto final será considerado un organismo convencional, que podría obtenerse por medio de otras técnicas como el mejoramiento clásico, por ejemplo, o si en el producto final existe ADN de otra especie, y en este caso se lo considera un transgénico”. El investigador recuerda incluso que la Ley nº 11.105/05 estableció normas de seguridad y mecanismos de inspección para la producción, el manipuleo, el almacenamiento y la investigación con organismos genéticamente modificados, y autorizó a la CTNBio a desarrollar normativas que le permitan a Brasil mantener su bioseguridad y también acompañar la evolución tecnológica en el área de la biotecnología.
Helena Leopardi
Por su parte, la genetista Daiane Priscila Simão, del parque tecnológico Cilla Tech Park, otra de las autoras de la obra que se encuentra en prensa, explica que las investigaciones con Crispr requieren la autorización de la Comisión Nacional de Ética en la Investigación Científica (Conep, en portugués), que tiene a su cargo determinar si sus beneficios superan sus posibles riesgos. “Debido a la complejidad de la discusión y al hecho de que las consecuencias a largo plazo son poco conocidas, el proceso tiende a ser lento y a repercutir en la marcha de los estudios científicos”, analiza. Algunos marcos regulatorios pueden presentar obstáculos a los avances científicos y clínicos, según coincide el biólogo español Arcadi Navarro i Cuartiellas, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra, ambas de España, quien recuerda lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1948. El documento, ratificado por 169 países, establece en su Artículo 27 que las personas tienen derecho a beneficiarse con los avances de la ciencia. Esta idea, sin embargo, a menudo entra en conflicto con argumentos de origen moral. “La técnica Crispr podría utilizarse en aplicaciones eugenésicas, como la gestación de bebés supuestamente más bellos e inteligentes, pero, por otro lado, permite crear terapias para el tratamiento de enfermedades graves, hasta hace poco incurables. Sería una irresponsabilidad no invertir en su desarrollo”, sostiene el biólogo, quien también dirige el Centro de Regulación Genómica de la Fundación Pasqual Maragall. Si los avances científicos pueden tener aplicaciones negativas y positivas, la legislación, dice, debe desarrollarse con miras a impedir o, cuando ello no fuera posible, limitar el mal uso eventual de la técnica.
En Brasil, pese a que no está permitido realizar intervenciones genéticas en células germinativas o embrionarias, la bióloga molecular y genetista Mayana Zatz, del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo (IB-USP) y coordinadora del Centro de Investigaciones del Genoma Humano, uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión financiados por la FAPESP, defiende la importancia de las investigaciones con embriones que no serán implantados. Solo así sería posible, por ejemplo, descubrir la forma de corregir mutaciones malignas en ese embrión y en generaciones futuras, explica. Según la genetista, uno de los campos de investigación más avanzados no solo en Brasil, sino también en Estados Unidos, es el de la utilización de órganos de cerdos en humanos. “El genoma del cerdo tiene un 98 % de homología con el humano, pero hay genes de este animal que pueden llegar a causar un rechazo agudo cuando se trasplantan sus órganos”, informa. Con la utilización de la tecnología Crispr, especifica, pueden identificarse y silenciarse los genes implicados en el rechazo. “Ya estamos produciendo embriones de cerdos con los genes silenciados y, en una próxima etapa, nos proponemos insertarlos en una cerda para generar crías que serán potenciales donantes de órganos para humanos. Esta próxima fase depende de un diálogo estrecho con los comités de ética locales y la Conep”, informa. A juicio de Zatz, el gran dilema de la edición genética reside en que puede tener consecuencias imprevistas a largo plazo. Uno de los riesgos es la alteración aleatoria de otros genes además del que presenta la mutación. Por esta causa, la investigadora alude a la necesidad de que la comunidad científica conozca la situación de las gemelas chinas nacidas en 2018, para poder dimensionar los posibles problemas que involucra la edición del genoma humano.
Nohama sostiene que los retos que se plantean en el ámbito de las regulaciones pueden hallar resguardo en un campo emergente de la bioética centrado en lidiar con el futuro como objeto de análisis. “Las corrientes clásicas del pensamiento bioético toman al presente como objeto de estudio”, explica. Según él, estos son los casos, por ejemplo, de la corriente utilitarista y de la bioética de protección. La primera apunta a asegurar que los avances científicos estén disponibles para la mayor cantidad posible de personas, y ha sido el fundamento de decisiones de los gestores de los servicios de salud; en tanto, la segunda promueve el debate tendiente a mediar en los conflictos de interés entre las poblaciones más o menos favorecidas en términos económicos. Según Nohama, las corrientes clásicas ponen al individuo en el centro de sus reflexiones. “Ocurre que los intereses ambientales, por ejemplo, no son los mismos que los de los seres humanos. Cuando ponemos al medio ambiente como elemento central de la discusión, las prioridades cambian y el concepto de progreso científico puede que ya no esté en primer plano”, reflexiona.
Por esta razón, argumenta Nohama, el debate ético sobre la técnica Crispr exige la inclusión del porvenir como objeto de estudio. Para estimular este debate, menciona la obra del filósofo alemán Han Jonas (1903-1993), que ha orientado las reflexiones sobre el impacto de las terapias de edición genética en el futuro de la humanidad. Jonas fue uno de los fundadores de la corriente de pensamiento denominada bioética de la responsabilidad y en sus estudios plantea modelos de progreso. Nohama hace hincapié en el hecho de que el modelo actual de producción científica se desarrolla de manera fragmentada, lo que hace que los avances en la edición genética sean analizados técnicamente y no pocas veces relegando a un segundo plano sus implicaciones bioéticas. “A causa de esta separación, los problemas y las consecuencias de los avances científicos se ven como preocupaciones transitorias meramente inherentes a la técnica, sobre las que no es pertinente proponer juicios de valor”, dice. “Las herramientas como Crispr implican riesgos compartidos por toda la humanidad. Sin embargo, puede que sus beneficios no se distribuyan en forma igualitaria para todos”, dice Nohama. El bioeticista cita una investigación de la revista Nature que indica que durante dos años, entre 2013 y 2015, se invirtieron mundialmente 600 millones de dólares en las investigaciones que tenían por objeto la Crispr. El mismo estudio muestra que las solicitudes de patentes asociadas a esta técnica han aumentado en los últimos ocho años. Tan solo en 2014, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) presentó 62 pedidos de patente, el Instituto Broad, 57, y la empresa estadounidense de productos agrícolas Dow Agrosciences, 28. Ninguna de estas solicitudes implicaba una patente de dominio público. “¿Cómo podría asegurarse la equidad y universalidad de acceso a los bienes derivados de estas nuevas biotecnologías si estos resultan apropiados por una economía de poder y alcance global, basada en la propiedad industrial e intelectual cuyo único valor es el lucro?”, indaga el académico de la PUC-PR.
Según comenta Zatz, el tratamiento con Crispr para la anemia falciforme, cuyo origen es una mutación genética que causa una malformación de los glóbulos rojos, puede llegar a costar un millón de dólares por paciente. Esta enfermedad es prevalente en África, una región menos privilegiada, desde el punto de vista económico. “Varios de los tratamientos destinados a enfermedades genéticas raras tienen un costo exorbitante. Por ejemplo, una nueva terapia genética para AME cuesta 2,1 millones de dólares. El monto es extremadamente alto porque las empresas que han invertido en las investigaciones quieren obtener beneficios y, como son enfermedades relativamente raras, la cantidad de pacientes a tratar también es relativamente pequeña”, dice.
El valor del tratamiento es alto, entre otros motivos, porque se necesitan extraer células madre de los pacientes, editarlas y, posteriormente, reinsertárselas en sus cuerpos. Con la propuesta de avanzar en la resolución de este tipo de dilema, Zatz señala que uno de los ejes centrales de debate en el Human Genome Editing Summit, un evento organizado por la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, las Academias Nacionales de Ciencias y Medicina de Estados Unidos y la Academia Mundial de Ciencias, que se celebrará en marzo de 2023, en el Reino Unido, será la cuestión bioética.
Artículos científicos
NOHAMA, N. et al. O impacto ambiental da edição genética no Brasil. Temáticas: Processos, conflitos e desafios: As questões ambientais pela perspectiva das ciências sociais. v. 29, n. 5., 2021.
Libros
ROSANELI, C. F. y FISCHER, M. L. Bioética, saúde global e meio ambiente. Série bioética. v. 14. Curitiba: Editora CRV.
NOHAMA, N. et al. Crispr e edição genômica: Técnica, bioética e controvérsias. Ponta Grossa: Atena Editora. En prensa.
Informes
Human genome editing: A framework for governance. World Health Organization. 2021.
Human genome editing: Position paper. World Health Organization; 2021.
