Un balance que llevaron a cabo la organización no gubernamental Campaña Nacional por el Derecho a la Educación y el Laboratorio de Datos Educativos de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) revela que se alcanzaron tan sólo el 30% de las metas del Programa Nacional de Educación (PNE) cuyo cumplimiento estaba previsto entre 2014 y 2017. El PNE, instituido por la Ley nº 13.005, de 2014, estipula directrices y estrategias para la política educativa brasileña hasta 2024. Según el balance, el único objetivo alcanzado fue la publicación, a través del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) de estudios que permiten medir la evolución de las metas. Una actividad importante que no se cumplió fue la implementación progresiva de dos instrumentos –el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y el Costo Alumno Calidad (CAQ) (ambas siglas en portugués)− que ayudarán a definir la inversión mínima anual por alumno necesaria para financiar una educación de calidad. “El incumplimiento de esos primeros propósitos estructurales del PNE afecta la adopción de los objetivos previstos para una segunda instancia, referentes al acceso y a la calidad en la educación básica y en la enseñanza superior”, explica Andressa Pellanda, coordinadora de políticas educativas de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. No obstante, en los últimos años se registró cierto progreso en metas estipuladas para más adelante, como es el acceso a la educación infantil. El índice de niños de 0 a 3 años inscritos en jardines de infantes aumentó de un 24,5% en 2011, a un 31,9% en 2016, cuando el PNE contempla que la mitad de ellos se encuentren inscritos para 2024. “Se necesita garantizar el acceso de niños y adolescentes a la educación, dado que hoy en día, ellos constituyen la base de la pirámide poblacional de Brasil. A largo plazo, la falta de escuelas para ese segmento de la población causará impactos en el desarrollo del país”, analiza Pellanda.
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