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Tapa

Un círculo virtuoso

Los censos demográficos constituyen la base para la comprensión de la sociedad brasileña, e impulsan el conocimiento científico, al propiciar un diálogo permanente con el ámbito académico

Léo Ramos Chaves

En vísperas del 150º aniversario de su primera edición, que se celebrará en 2022, la realización del próximo Censo Demográfico a cargo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sigue siendo una incógnita. No caben dudas de la ayuda que provee para la elaboración de políticas públicas y las 11 ediciones que se han llevado a cabo han contribuido con numerosos descubrimientos científicos en diversos campos del conocimiento. Al analizar sus datos, por ejemplo, en 2010 se identificó que Brasil es el segundo país del mundo en términos de sociodiversidad nativa: en el territorio nacional viven 305 etnias indígenas. Con base en la información que aporta el Censo, investigaciones también revelaron que, durante décadas, el envío de remesas de dinero de brasileños residentes en el extranjero aseguró la supervivencia económica de pequeñas localidades de los estados de Minas Gerais y Rondônia. Asimismo, pudo constatarse que, durante muchos años, incluso después de obtener el derecho al voto, las mujeres siguieron excluidas del proceso electoral. Por otra parte, la escolarización de la población femenina vivió un punto de inflexión en la década de 1970, de manera tal que para el decenio de 2000 ellas pasaron a ser mayoría en cuanto al acceso y permanencia en las instituciones educativas de nivel superior.

El Censo, que tiene lugar cada 10 años, es la única encuesta que recaba información sobre la totalidad de los domicilios de los 5.570 municipios brasileños. Para ello se emplean dos cuestionarios. Uno básico, para todos los domicilios nacionales, y otro más amplio, que se aplica mediante la modalidad de muestreo, en alrededor del 10 % de los hogares del país. “Más allá de computar y mapear las condiciones de vida de la población brasileña, el Censo actualiza la red cartográfica y el registro nacional de domicilios, que se utilizan con fines estadísticos. En la última edición, en 2010, el registro introdujo innovaciones al recabar datos georreferenciados de más de 60 millones de hogares”, explica el demógrafo Paulo de Martino Januzzi, de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (Ence), del IBGE. Entre los aparatos incluidos en el Censo figuran edad, sexo, color y raza de la población, condiciones habitacionales, nivel de escolaridad y de ingresos, acceso a la salud y procesos migratorios, entre otros. El nuevo mapeo estaba previsto para realizarse en 2020, pero debió ser aplazado debido a la pandemia del covid-19. Se espera poder realizarlo el año que viene, a un costo de 2.300 millones de reales, dado que al presupuesto inicial, de 3.400 millones se le introdujeron recortes desde el Ministerio de Economía, lo que ha obligado a la exclusión de algunos temas o a recabar menos detalles en los bloques temáticos sobre migración internacional, ingresos domiciliarios y alquileres, entre otros. Los investigadores de áreas tales como la demografía y la antropología esperan que esos recortes sean revisados antes de la diagramación final del cuestionario.

Con las cifras disponibles del último Censo, investigadores de la Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos (Seade) trabajaban en 2011 en la elaboración de escenarios de crecimiento de la población para las 645 ciudades del estado de São Paulo cuando se produjo un hallazgo: en algunos municipios pequeños del interior, la población había duplicado su tamaño y gran parte de ese aumento estaba dado por un mayor número de varones. “Esa fue una expansión inesperada, que escapa al patrón que se observa en otras ciudades”, comenta la demógrafa Bernadette Cunha Waldvogel, de la Gerencia Demográfica de la Seade.

Al cotejar las cifras, Waldvogel descubrió que el avance poblacional se relacionaba con la instalación de institutos penitenciarios en esos municipios pequeños, como parte del proceso de desactivación de la Casa de Detención de São Paulo –Carandiru– nueve años antes. “Sabíamos que se estaban construyendo presidios en esos lugares, pero no conocíamos su impacto real sobre la dinámica poblacional, algo que sí pudo captar el Censo”, comenta.

Ella explica que también basándose en estimaciones poblacionales elaboradas por la Seade a partir de los datos del Censo y con la información de los nacimientos y defunciones proporcionada por las oficinas del Registro Civil, la gobernación del estado de São Paulo diagramó su estrategia de vacunación contra el covid-19. “Para implementar un plan de vacunación con la mayor asertividad posible, realizamos proyecciones simplemente por edad y calculamos la población categorizando a los mayores de 60 años”, explica. Según ella, el reto ha sido elaborar proyecciones con información desactualizada, recabada hace más de una década. Al mencionar la importancia de la realización de una nueva edición de la encuesta, Waldvogel señala que, en el caso paulista, entre los datos más esperados figuran aquellos que se refieren a la migración y a la fecundidad de las mujeres. “El último Censo reveló que el saldo migratorio había disminuido bastante y que el índice de natalidad era de 1,7 hijos por mujer, es decir, por debajo del nivel de renovación de la población, que sería de dos hijos por mujer. Necesitamos disponer de información actualizada sobre los habitantes del estado de São Paulo para comprender los efectos de estas tendencias sobre las estadísticas poblacionales”, afirma.

Fotos: Léo Ramos Chaves y Marcos Oliveira / Agência Senado A partir de la información recopilada por el Censo, las investigaciones posteriores pueden detectar la cantidad de niños sin escolarizar, medir los progresos en la educación y la participación femenina en los procesos electoralesFotos: Léo Ramos Chaves y Marcos Oliveira / Agência Senado

Los análisis de la fecundidad femenina permiten medir el ritmo de envejecimiento de la población y son fundamentales para la planificación del sistema educativo. En este sentido, la economista y demógrafa Raquel Guimarães, de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), informa que en 2015 llevó a cabo un estudio para el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones (Inep, por sus siglas en portugués), del Ministerio de Educación (MEC) de Brasil, con el propósito de estimar cuál era la población de hasta 3 años de edad que podría demandar lugares en los jardines maternales durante los nueve años posteriores. A partir de los datos del Censo, ella verificó una tendencia a la baja de la fecundidad en todas las ciudades brasileñas, a semejanza de lo que ocurre en São Paulo. “Esto significa que la cantidad de niños tiende a disminuir. Sin embargo, como cada vez son más las mujeres que acceden al mercado laboral, se registra un incremento en la demanda de guarderías. Estos dos componentes deben tenerse en cuenta en la planificación del sistema escolar para los próximos años”, enfatiza, recordando que solamente el Censo del IBGE es capaz de detectar a los niños y jóvenes sin escolaridad. Sucede que los censos específicos elaborados para el ámbito de la educación, como son el Censo de la Educación Superior o el Censo Escolar, basan sus análisis en los alumnos que están inscritos en las escuelas.

Más allá de los estudios demográficos, los datos del Censo han propiciado descubrimientos importantes en cuanto a la condición de la mujer en la sociedad brasileña. A partir de un análisis de todas las ediciones del mapeo nacional y del Censo de la Educación Superior de 2017, del Inep, la economista Lucilene Morandi, de la Universidad Federal Fluminense (UFF), verificó que las mujeres mejoraron sus indicadores educativos de nivel superior en las tres últimas décadas del siglo XX. “Hoy en día, ellas son mayoría en términos de ingreso y permanencia en las universidades, pese a que aún no se han superado las desigualdades en el acceso a la política, al mercado laboral y en cuanto al ascenso en las carreras científicas y tecnológicas”, dice.

Morandi explica que, entre 1871 y 1889, tan solo el 1,6 % de la población brasileña estaba matriculada en escuelas de enseñanza fundamental y media, y en su gran mayoría eran varones blancos y de un nivel socioeconómico alto. Ese panorama empezó a modificarse en las primeras décadas del siglo XX, cuando aumentó la cantidad de mujeres que salieron a trabajar fuera del hogar y las demandas del movimiento feminista por un mayor acceso a sus derechos cobraron visibilidad. “Los análisis de los datos proporcionados por el Censo revelaron que recién en la década de 1970 la proporción de mujeres alfabetizadas superó a la masculina”, dice. En 1960, las mujeres de hasta 19 años registraban un promedio de 1,7 años de estudio y los varones 1,9. Pero en 2010, las cifras correspondientes pasaron a ser 5,2 y 4,8 años, respectivamente. En lo que respecta a la educación superior, la entrada en vigencia de la primera Ley de Directrices y Bases [LDB], en 1961, representó un punto de inflexión para la educación femenina”, analiza Morandi. Al equiparar escuela normal –un curso secundario de formación profesional docente para la educación básica al que asistían mayoritariamente las mujeres– a la escuela científica, correspondiente a la actual enseñanza media, la legislación posibilitó la igualdad de condiciones en cuanto al acceso al examen de admisión. “A partir de ahí hubo más mujeres inscribiéndose para ingresar a la universidad”, explica.

Fotos: Sergio Amaral / MDS, Léo Ramos Chaves y Fellipe Abreu El mapeo de la población de palenques comenzó en 2010. La próxima edición del Censo aportará datos para poder comprender los cambios en los patrones migratorios internos e internacionalesFotos: Sergio Amaral / MDS, Léo Ramos Chaves y Fellipe Abreu

El proceso electoral
Al cotejar las bases de datos de los censos realizados desde 1930 con informaciones del Tribunal Superior Electoral (TSE), el politólogo Fernando Limongi, profesor jubilado de la Universidad de São Paulo (USP) y docente de la Escuela de Economía de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas (Eesp-FGV), pudo recuperar los resultados de los comicios que se llevaron a cabo en todos los municipios del país para la elección de cargos del Ejecutivo y del Legislativo entre 1932 y 1965, e hizo otro descubrimiento importante al respecto de la participación femenina en el proceso electoral. “Pude comprobar que, en el período analizado, el principal grupo de electores que quedó fuera de la votación no fue el conformado por los pobres y analfabetos, tal como se suponía, sino el de las mujeres”, informa. En 1927, el estado de Rio Grande do Norte les concedió el derecho al voto a las mujeres. Este derecho se amplió a todas las mujeres del país en 1932 y ellas pudieron ejercerlo en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, en 1933. Con la elección indirecta de Getúlio Vargas (1882-1954) para la presidencia de la República, en 1934, la participación femenina en las elecciones presidenciales solamente se produjo en 1945.

“Al analizar los padrones electorales municipales y cruzando esta información con los datos surgidos de los censos, verifiqué que las mujeres fueron excluidas de participar en las elecciones. No hay indicios de que se haya discriminado a otros grupos sociales”, especifica. Según Limongi, entre 1932 y 1964, el promedio del padrón femenino sobre el total de los electores rondaba el 34 %, lo que significa que por cada dos varones empadronados había una mujer en condiciones de ejercer su derecho al voto. “Esa fue una de las formas a las que apelaron los varones para mantener la autoridad masculina en el seno de la familia. El Estado se abstuvo de cuestionarla”.

Al remitirse a las series históricas del IBGE como punto de partida para las investigaciones sobre la inmigración, el demógrafo Duval Magalhães Fernandes, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC-MG), recuerda que ya desde la primera edición del Censo, en 1872, se les preguntaba a las personas su lugar de nacimiento. “La idea de establecer un registro de los extranjeros siempre estuvo presente, pero el uso de esa información fue cambiando. A partir de 1938, durante el gobierno de Vargas, por ejemplo, los datos de los inmigrantes sirvieron como base para formular una política de cupos que buscaba limitar el arribo de extranjeros al país”, relata.

En 1940 el IBGE contrató al demógrafo y estadístico italiano Giorgio Mortara (1885-1967) y eso se tradujo en una modernización del cuestionario, que entonces pasó a incluir preguntas para mapear las migraciones intermunicipales y estaduales. Y en 2010, el Censo comenzó a detallar información sobre los brasileños que emigraban al exterior. “La encuesta contenía un ítem en el que el responsable del domicilio respondía si algún miembro del hogar se había ido a vivir al exterior, en qué país se encontraba, además de otras características, tales como el sexo y la edad. Esa fue la primera vez que pudimos conectar el origen municipal y el destino internacional de los brasileños”, refiere. Estos datos, hasta entonces desconocidos, dice Fernandes, fueron el puntapié inicial para que los investigadores pudieran analizar las dinámicas de las redes migratorias en Brasil y en el exterior. Desde entonces, ha utilizado esos datos para identificar los distintos aspectos del proceso de emigración de los brasileños.

“El país de destino y el sexo del inmigrante varían según cada región de Brasil. Las mujeres que se van a España, por ejemplo, salen mayormente de los estados de Tocantins y Goiás, mientras que aquellos que emigran a Estados Unidos y a Portugal suelen ser del este de Minas Gerais”, revela. En cuanto a esta región de Minas Gerais en particular, Fernandes señala que, atraídos por la pujanza del agronegocio, antes de dejar el país muchos brasileños que viven allí pasan por Rondônia. “En 2011 empezamos a analizar ese recorrido para entender por qué en la región cercana al municipio de Ji-Paraná, en Rondônia, los individuos provenientes del este de Minas Gerais no regresaban a sus lugares de origen”, relata, haciendo alusión a que en otras zonas cercanas no se registraba ese mismo fenómeno. Al mapear la salida de brasileños al exterior, el Censo de 2010, dice el demógrafo, permitió constatar que buena parte de los mineiros que salían de la región oriental del estado con destino a Rondônia, posteriormente se marchaban a Estados Unidos, donde comenzaban a trabajar y enviaban remesas de dinero a sus familiares que habían quedado en Brasil. “En Rondônia y en el este de Minas Gerais hay pequeñas localidades que sobreviven gracias a los giros de dinero enviados por sus parientes que viven afuera”.

La verificación de este fenómeno migratorio sirvió para comprender las dificultades económicas que enfrentan algunos municipios de la región como reflejo de la crisis estadounidense de 2010. “Los comercios de algunas ciudades como Poté, en Minas Gerais, funcionaban con base en las transferencias provenientes de Estados Unidos. Cuando estas menguaron o cesaron, muchos de ellos quebraron y eso aumentó el desempleo”, relata, recordando que hay más de 4 millones de brasileños viviendo en el exterior, y alrededor de 1,5 millones de extranjeros residentes en Brasil.

Léo Ramos Chaves Los datos censales sobre el envejecimiento de la población y la movilidad urbana constituyen la base de estudios en distintos campos del conocimientoLéo Ramos Chaves

Las migraciones internacionales
El siglo XXI inauguró un nuevo capítulo en la historia de las migraciones internacionales. “En Brasil, por ejemplo, solo el Censo podrá medir el impacto de la llegada de haitianos a las ciudades pequeñas durante la última década”, estima la demógrafa Roberta Guimarães Peres, de la Universidad Federal del ABC (UFABC). Como resultado de una investigación financiada por la FAPESP, que utilizó datos de los censos, Guimarães Peres descubrió que hasta mediados del siglo XX, las migraciones internas fueron desde ciudades del nordeste hacia otras del sudeste brasileño, especialmente São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. “En la edición de 2000 del Censo, comprobamos un cambio importante en esta distribución. Las migraciones empezaron a incluir desplazamientos más cortos y localidades menores, ya no solamente las capitales del sudeste, y pasaron a recibir un mayor volumen de migrantes internos. En tanto, el Censo de 2010, marcó una mayor presencia de migraciones internacionales, incluso en ciudades medianas, apuntando a nuevos polos de concentración de la población más allá de las regiones metropolitanas”, comenta. Ella remarca que el próximo censo podría registrar las tendencias recientes de migraciones internacionales, que en la segunda década del siglo XXI han experimentado importantes cambios en Brasil.

Las transformaciones de los centros urbanos han venido siendo captadas sucesivamente por los censos. El demógrafo Roberto Luiz do Carmo, director asociado del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas (IFCH-Unicamp), quien desde hace más de una década investiga el tema, comenta que el avance de las áreas cultivadas en las regiones fronterizas del centro-oeste de Brasil generó un crecimiento de la población de las zonas urbanas de la región. Según Do Carmo, al comparar los panoramas puestos de relieve por los cinco censos que se realizaron entre 1970 y 2010, se pudo detectar que, con la concentración de tierras como resultado de la expansión del cultivo de la soja, se produjo un desplazamiento de aquellos que vivían y trabajaban en pequeñas propiedades rurales hacia los núcleos urbanos. “Los datos muestran una conexión entre la expansión del agronegocio y la consolidación de las ciudades en las zonas de frontera”, dice Do Carmo, actual presidente de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (Abep). “Nuestro país ha experimentado recientemente una gran transformación, especialmente después del retorno de la democracia. El Censo y sus series históricas constituyen la base para la comprensión de estos cambios”, dice Limongi, de la Eesp-FGV.

El apartado del Censo que ha sufrido más transformaciones durante las últimas décadas es el que registra la raza y el color, que ha permitido incluir a los pueblos indígenas en las estadísticas oficiales recién a partir de 1991. Antes, simplemente se los clasificaba como pardos y solo se los registraba en el censo si vivían dentro de misiones religiosas o en las aldeas de la Fundación Nacional Indígena (Funai). “La categoría ‘indígena’ fue incluida por el IBGE en el apartado referente a color y raza hace 30 años. En aquella época, los censistas no llegaban a todas las aldeas, pero empezamos a tener una noción del número de estos habitantes”, explica la demógrafa y antropóloga Marta Maria do Amaral Azevedo, del Núcleo de Estudios de la Población (Nepo), de la Unicamp.

Desde hace dos décadas, Do Amaral Azevedo viene trabajando con el IBGE para encontrar formas de mejorar la metodología de registro de información sobre los pueblos aborígenes. Como parte de este proceso, en 2010, la red cartográfica de territorios indígenas, elaborada por la Funai, comenzó a ser utilizada por el instituto para definir los sectores que debían recorrer los censistas para realizar la encuesta a los pueblos indígenas. “En el último Censo, si la persona se autodeclaraba indígena, el cuestionario incluía una nueva pregunta referente a su etnia y a las lenguas que hablaba”, dice. Solo así se pudo identificar la existencia de los 305 pueblos indígenas que viven en el país, cuando las estimaciones preliminares sugerían que eran 200. “Pasamos a ser el segundo país del mundo en cuanto a la sociodiversidad nativa, tan solo detrás de Indonesia”, refiere Do Amaral Azevedo, expresidente de la Funai. Este descubrimiento llevó a la apertura de nuevos frentes de investigación acerca de la temática indígena en las instituciones de educación superior de diversas regiones del país.

Do Amaral Azevedo recuerda los resultados de su tesis doctoral, defendida en 2003 en la Unicamp, cuando analizó la fecundidad de algunas etnias a partir de los datos recabados en 1992 por la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro, una región en la que existían alrededor de 400 aldeas. “Colaboré en la elaboración de esa investigación y, al analizarla, detecté que los pueblos indígenas de aquella región presentaban una tasa de fecundidad más alta, de 5,4 hijos por mujer en 1992, en comparación con el promedio nacional, que era de 2,8. Este hallazgo permitió comprobar que aquellos pueblos estaban recuperando la población perdida a lo largo del siglo XX”, dice. Los datos del Censo de 2010 llevaron a otros investigadores a verificar algo similar en relación con otros pueblos originarios en distintas regiones del país.

A partir de los resultados del Censo, la salud de la población indígena se ha transformado en un área de estudios fundamental para instituciones como la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), dice el antropólogo Ricardo Ventura Santos, de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensp-Fiocruz) y del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). “Las estadísticas oficiales revelaron que la mortalidad indígena es la más alta del país, lo que ha llevado a profundizar el debate sobre la inequidad y la justicia social”, puntualiza. Según él, el grupo de estudios de la salud de los pueblos indígenas de la Fiocruz ha promovido la inserción de este debate en los circuitos internacionales, comparando la situación de los pueblos originarios de Brasil con los de países tales como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros. “Las desigualdades que afectan a los indígenas se registran en diversas regiones del mundo. Los datos de los censos constituyen la base para poder efectuar estas comparaciones internacionales y para poder revertir el panorama de inequidades a través de la adopción de políticas públicas.”

Tras 20 años de seguimiento, el estudio “Salud, bienestar y envejecimiento (Sabe)”, una investigación longitudinal de cohortes múltiples sobre las condiciones de vida y salud de los ancianos residentes en la ciudad de São Paulo, utiliza los datos del Censo para generar muestras representativas de los habitantes mayores de 60 años, estimados en 1,8 millones en la capital paulista. La enfermera Yeda Aparecida de Oliveira Duarte, de la Facultad de Salud Pública (FSP) de la USP y coordinadora de la iniciativa financiada por la FAPESP, explica que la investigación toma como base los sectores censales definidos por el IBGE. Estas zonas, que congregan entre 200 y 300 hogares, se agrupan de acuerdo a sus características socioeconómicas y se distribuyen entre los censistas, durante el período de aplicación de la encuesta. “A partir de los sectores censales, seleccionamos las muestras de la población que entrarán en el rango de nuestro trabajo según el sexo, la edad y las condiciones socioeconómicas y de vivienda”, describe.

Los resultados de este sondeo, concluidos en 2019, revelaron que, en São Paulo, los ancianos estaban aumentando progresivamente la búsqueda de servicios privados de salud y usaban menos el Sistema Único de Salud (SUS). Esto ocurre, según ella, porque la ciudad tiene menos programas de salud de la familia, la atención suele ser lenta en la red pública y la iniciativa privada ofrece convenios específicos para ese rango de edad, lo que constituye una realidad muy diferente a la que se observa en otros municipios brasileños, en los cuales predomina la atención por el SUS.

Los sectores censales también constituyeron la base de dos estudios conducidos por la matemática Celia Landmann Szwarcwald, del Laboratorio de Información y Salud del Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnológica en Salud (LIS/Icict) de la Fiocruz. En 2013, ella coordinó la Investigación Nacional de Salud (PNS). Actualmente está realizando una encuesta sobre el tracoma, una enfermedad infecciosa ocular que causa ceguera y está relacionada con la desigualdad social, como parte de un proyecto financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (Opas). “Para ambos trabajos elaboramos muestreos poblacionales basados en la estratificación de los sectores censales. Sin esos datos los estudios no habrían sido viables”, informa. “La investigación sobre el tracoma nos ha traído buenas noticias: la enfermedad ha sido erradicada en las zonas rurales y empobrecidas del norte y el nordeste de Brasil”.

La economista Wasmália Socorro Barata Bivar, expresidenta del IBGE y directora de investigaciones de la institución entre 2004 y 2011, explica que algunas estadísticas solo pueden generarse a partir de las interacciones con el ámbito académico. “Antes de proceder a censar a la población indígena, por ejemplo, se realizan estudios antropológicos que permiten identificar a esas comunidades y delimitar las zonas donde habitan”, comenta Barata Bivar, recordando que el IBGE es uno de los pocos institutos del mundo que congrega a ambos campos: geografía y estadística. La economista, que también es profesora en la PUC-RJ, informa que cada edición del Censo cuenta con el apoyo de comités consultivos integrados por expertos de diversas áreas del conocimiento. “El IBGE no puede existir sin la academia y esta tampoco sin el IBGE. Necesitamos recurrir a la ciencia en el proceso de definición sobre qué datos recabar y cómo hacerlo. Luego, esa información retorna a los investigadores, abasteciendo sus investigaciones en un círculo virtuoso”.

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