Unos 700 científicos, gestores académicos y estudiantes de diversas partes del mundo se dieron cita, presencial y virtualmente, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), entre el 29 de mayo y el 1º de junio para discutir los avances relacionados con la ética y la responsabilidad en la investigación científica, siendo testigos de la amplitud que ha cobrado este campo del conocimiento a partir de la inclusión de nuevos aspectos. El tema principal de la 7ª Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación Científica, la primera que se lleva a cabo en el continente africano, fue la importancia de la promoción de colaboraciones internacionales más ecuánimes, respetuosas y diversas. El argumento es que estas asociaciones son desiguales y, a menudo, desfavorables para los países pobres.
El trasfondo de todo esto es un fenómeno positivo: el crecimiento, desde finales de la década de 1990, de la cantidad de consorcios e iniciativas internacionales que incluyen colaboraciones entre las naciones del hemisferio norte, que concentra a la mayoría de los países ricos, y del hemisferio sur, en desarrollo. Los datos presentados en la conferencia revelan que en las cooperaciones mundiales, el 90 % de la financiación procede de las naciones de ingresos altos y esto suele repercutir en las relaciones de poder. Los países con ingresos medios y bajos, ávidos de financiación internacional, a veces adoptan agendas que no necesariamente reflejan sus intereses de investigación más acuciantes.
Es cierto que las asimetrías pueden estar presentes también en las colaboraciones entre países de ingresos similares, pero la conferencia se centró en aquellos casos que evolucionan hasta transformarse en casos evidentes de mala conducta, en los cuales se priva del debido reconocimiento por sus aportes a los científicos de las naciones pobres o las comunidades locales no gozan de los beneficios generados por el conocimiento que ayudaron a producir. Un ejemplo de descarrío ético que se discutió en el evento es lo que se ha llamado “investigación o ciencia helicóptero”. Funciona así: científicos de países ricos visitan países pobres para obtener datos de su interés, tales como muestras humanas para ensayos clínicos, especímenes para investigaciones biológicas o material fósil para estudios arqueológicos o paleontológicos, y tan pronto como los consiguen “alzan vuelo”, es decir, se marchan intempestivamente sin establecer colaboraciones respetuosas con sus colegas locales, a menudo privándolos de la posibilidad de convertirse en coautores de publicaciones y patentes. En la inauguración de la conferencia, la vicerrectora de la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT), Sue Harrison, calificó a este comportamiento como “colonialismo científico”, porque se apropia de datos ajenos sin contribuir al desarrollo de la infraestructura local ni a la formación de recursos humanos. “Tales prácticas pueden generar más perjuicio a la credibilidad de la ciencia que otras formas más flagrantes de conductas deshonestas”, añadió la médica, empresaria y filántropa Precious Moloi-Motsepe, rectora de la UCT desde 2019.
El año pasado, un estudio de la UCT apuntó un posible caso de “ciencia helicóptero”, al analizar 94 artículos sobre covid-19 en África publicados en 10 revistas especializadas en medicina. El trabajo, que salió publicado en la revista BMJ Global Health, reveló que el 66,1 % de los autores de esos papers no trabajaba en el continente y que uno de cada cinco artículos ni siquiera tenía un autor africano. Los editores han informado qué están haciendo para hacer frente a este problema. Sabine Kleinert, editora ejecutiva de la revista médica The Lancet y copresidenta de la conferencia, dijo haber rechazado artículos con datos de África que no hacían mención a la participación de colaboradores locales al menos en la recolección de datos. Según ella, la falta de reconocimiento al trabajo hecho por otros equivale a una transgresión a la integridad. “Eso es inaceptable”, declaró.
En la literatura académica no abundan los estudios sobre la equidad en las colaboraciones. Uno de ellos, publicado en 2020 en la revista PLOS ONE por investigadores australianos y sudafricanos, entrevistó a un grupo de 15 científicos de diversas nacionalidades que forman parte de una colaboración internacional en materia de salud, el consorcio Human Cell Atlas (HCA – Atlas de las Células Humanas), cuyo objetivo es mapear las características de las células en individuos sanos y representativos de la diversidad global. Un problema recurrente era la distribución desigual del trabajo. En general, los científicos de los países pobres no participan en el diseño de los proyectos de investigación y solamente quedan a cargo de la recolección de los datos brutos. También se les impone otras limitaciones más sutiles, como el cumplimiento de plazos exiguos para la entrega de su contribución.
El estudio propuso algunas salidas para ese problema. Una de ellas es promover cambios en las normas establecidas por las universidades para que sus investigadores puedan sumarse a las colaboraciones: las instituciones deben exigirles a sus docentes el cumplimiento de prácticas equitativas. Otro punto se refiere a la financiación de los científicos de los países pobres en los consorcios internacionales. En líneas generales, las grandes agencias científicas de fomento ponen a disposición menos recursos que los necesarios para que sea factible la participación de esos colaboradores. Por su parte, las universidades de los países pobres tienen dificultades para calcular sus costos y elaborar presupuestos viables.
Un estudio sobre la equidad publicado en 2018 en la revista Annals of Global Health por investigadores de Kenia, Canadá, Tanzania y Sudáfrica evaluó los resultados de 125 alianzas internacionales establecidas por cuatro universidades de África oriental. El 42 % de las experiencias se consideró de poco valor, mayormente por su escasa duración, su escala limitada y por su bajo impacto en la formación y capacitación a nivel local. Una de cada cuatro de las colaboraciones se percibía como de alto valor. Uno de estos casos comenzó en 1988. Fue creado por directivos de las escuelas de medicina de la Universidad de Indiana (EE. UU.), y de la Universidad Moi, en Kenia, y hoy en día abarca estudios sobre salud global y formación de profesionales. Más de 1.000 médicos de Indiana realizaron pasantías en Kenia, mientras que 400 kenianos han complementado su formación en instituciones estadounidenses.
La financiación se refleja en las relaciones de poder en las colaboraciones científicas
La preocupación por la desigualdad no solamente se evidencia en los países africanos. En Brasil, cuando la FAPESP suscribe convenios con instituciones extranjeras, exige que las colaboraciones sean dirigidas por un investigador de São Paulo y uno del exterior en igualdad de condiciones. La fundación Wellcome Trust, del Reino Unido, lanzó el año pasado su Estrategia para la Diversidad, Equidad e Inclusión, alineándose con un consorcio de empresas e instituciones científicas conocido como Edis Group, que entre sus metas busca “elevar la diversidad de las personas implicadas en el ciclo de investigación” y ampliar la inclusión, para “combatir las desigualdades en materia de salud y mejorar la calidad de la investigación científica”. La London School of Hygiene & Tropical Medicine está replanteando sus alianzas en todo el mundo. El año pasado, una revisión independiente enumeró una serie de evidencias de prácticas injustas e incluso hasta de racismo que afectan a estudiantes y colaboradores. La escuela ha abierto un debate sobre nuevos parámetros para las relaciones con las naciones pobres, según le dijo a la revista Nature Patricia Henley, jefa de gobernanza e integridad en la investigación científica de la institución, al tiempo que criticó a los financiadores de las naciones desarrolladas que pretenden imponer a sus investigadores en el liderazgo de las colaboraciones. “¿Por qué todo tiene que estar tan centrado en las instituciones del hemisferio norte?”, plantea.
Más allá de los dilemas éticos que implica, la desigualdad puede menoscabar la calidad de la investigación científica. La comprensión de la cultura local de los científicos de los países de bajos y medianos ingresos es esencial para poder analizar debidamente los datos recolectados en sus territorios, tal como lo propondrá la Declaración de Ciudad del Cabo sobre Integridad en la Investigación Científica, cuya publicación está prevista para finales de este año sobre la base de los debates entablados en los dos grandes plenarios de la conferencia. Se espera que el documento sostenga que las prácticas injustas en las colaboraciones son cuestiones de integridad y que defina principios y valores tendientes a promover el armado conjunto de agendas de investigación y la adopción de modalidades equitativas de financiación, producción, análisis y gestión de datos.
James Lavery, experto en bioética de la Universidad Emory, en Atlanta (EE. UU.), quien ayudó a confeccionar el documento base de la declaración, declaró a la revista Science que el debate sobre la integridad ha demorado en examinar la cuestión de la equidad. “El espacio ha estado dominado durante demasiado tiempo por el abordaje normativo estadounidense”, dijo, en alusión al enfoque en el plagio, el fraude y la ética en la experimentación con humanos. La brasileña Sonia Vasconcelos, investigadora del Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), quien copresidió la cuarta edición de la conferencia, realizada en 2015 en Río, fue testigo de la evolución de este debate. Ella recuerda que, en la primera conferencia, celebrada en Lisboa en 2007, la comunidad científica aún estaba poco movilizada e intentaba comprender las implicaciones del aumento de los casos y la magnitud de los desvíos éticos. “La preocupación principal era entender la dimensión del problema y cómo se distribuía en los distintos países y áreas del conocimiento, así como desarrollar un sistema transparente que abordara en forma adecuada los casos de mala conducta, con el propósito de evitar que la confianza en la ciencia se viera debilitada”, recuerda. Se hacía más hincapié en las responsabilidades individuales y en el ambiente de investigación, acuciados por el apremio de la productividad en entornos altamente competitivos.
La reunión siguiente, realizada en 2010 en Singapur, produjo una declaración clara y articulada, aunque todavía bastante centrada en las conductas individuales. “En aquel momento se propusieron principios de integridad en la investigación científica que serían compartidos por las comunidades de los distintos países, como así también responsabilidades, que reglamentaban cómo debían proceder las agencias de financiación y las sociedades científicas ante las denuncias de mala conducta y otras prácticas consideradas irresponsables”. En la conferencia de Montreal (Canadá), en 2013, dice Vasconcelos, se reparó especialmente en los conflictos éticos en las redes de investigación colaborativas, por ejemplo, los relacionados con el acceso desigual a los recursos y equipamientos y la existencia de nociones dispares acerca de la protección de la propiedad intelectual. En la de Río de Janeiro 2015 se profundizó en el debate sobre la importancia del papel de los programas educativos y formativos tendiente a promover una cultura institucional de integridad (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 233).
En la siguiente, en Ámsterdam (Países Bajos), en 2017, uno de los temas en el candelero fue la reproducibilidad científica. Por entonces, arreciaban las preocupaciones al respecto de una crisis de confianza sobre los resultados de las investigaciones que no se repetían en trabajos subsiguientes, especialmente los del área de la biomedicina. “Los neerlandeses poseen una red de integridad muy fuerte y le imprimieron al evento la necesidad de generar mecanismos tendientes a mejorar la confiabilidad en la ciencia”. Finalmente, en Hong Kong 2019, el debate giró en torno al sistema de recompensas para los investigadores como estímulo a la integridad científica. El resultado fue una declaración crítica al énfasis excesivo en los indicadores cuantitativos para evaluar la producción académica. El documento también propuso reconocer y premiar a quienes adopten los principios de lo que se ha llamado ciencia abierta, un ambiente signado por una dinámica de colaboración ferviente, con acceso abierto al conocimiento y un amplio intercambio de datos.
Naturalmente, los temas de las conferencias anteriores también estuvieron presentes en cientos de trabajos presentados en Ciudad del Cabo. Los investigadores brasileños abordaron diversas cuestiones, tales como una iniciativa para reproducir datos de estudios del área biomédica o la creación de cursos en línea sobre integridad destinados a los editores científicos. Algunos temas generaron despliegues de importancia. Los retos inherentes a la ciencia abierta se analizaron desde un punto de vista crítico, el de las dificultades que afrontan los científicos en los ambientes con escasos recursos para participar en colaboraciones que exigen capacitación e infraestructura de gestión y almacenamiento de datos. Otro aspecto fue el avance del movimiento de acceso abierto a las publicaciones científicas que, sobre todo en Europa, ha ido difundiendo un modelo que transfiere los costos de publicación de los lectores a los investigadores y a las agencias de financiación, algo prohibitivo para los países pobres.
El epidemiólogo Wongani Nyangalu, del Colegio de Medicina de la Universidad de Malawi, recibió el premio a la mejor exposición oral, en la cual propuso una lista de acciones tendientes apuntalar el rol de los investigadores de los países pobres en las colaboraciones internacionales, tales como la creación de oficinas de integridad en las instituciones y organismos para supervisarlas. Otro trabajo premiado fue la presentación del plan de estudios del Programa de Formación en Integridad en la Investigación Científica, elaborado en conjunto por la Universidad de Nueva York (EE. UU.), y la Universidad de Ghana, en África. Este programa, financiado por el Fogarty International Center, vinculado a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, apunta a la formación de especialistas en ética, integridad y gobernanza de investigación en Ghana, con el propósito de que puedan liderar equipos internacionales y desarrollar políticas institucionales a nivel local. El encuentro de Ciudad del Cabo también fue significó la consolidación de la Red Africana de Integridad en la Investigación Científica, una alianza para la promoción de las prácticas éticas que involucra a todas las universidades del continente. Los investigadores de las naciones en vías de desarrollo han procurado demostrar lo que están haciendo para estar a la altura de los avances y los conceptos sobre integridad científica y están trayendo a consideración temas nuevos.
El Global Research Council (GRC), un organismo virtual que agrupa a más de 60 agencias de financiación pública de la investigación científica de todos los continentes aprobó a principios del mes de junio, en un encuentro en Ciudad de Panamá un documento sobre integridad y ética en la investigación científica en ambientes de colaboración que requieren resultados rápidos, como los que tienen que ver con los estudios sobre el covid-19 y el cambio climático global. Uno de los ejes destacados de la declaración fue la necesidad de establecer criterios para la evaluación del mérito de aquellos proyectos que permitan un análisis transparente y veloz, conforme a la necesidad de obtener respuestas ágiles. Otro de los temas está vinculado a la adopción de estrategias para minimizar los conflictos en las colaboraciones científicas, ya que estos tienden a ampliarse y tensarse en las situaciones que requieren respuestas rápidas.
El texto de la declaración pone de relieve la importancia de que las agencias de financiación y las instituciones difundan capacitación inherente a las conductas responsables mediante la creación de módulos y contenidos específicos para contextos de investigación como los de una emergencia sanitaria. “El respaldo a los investigadores para la concepción, la ejecución y la difusión de los resultados de las investigaciones, garantizando una cultura de la integridad, es esencial para preservar la confianza pública en la ciencia”, dice Euclides de Mesquita Neto, coordinador adjunto de Programas Especiales y Cooperación en la Investigación de la FAPESP y secretario ejecutivo del GRC.
