La FAPESP anunció un perfeccionamiento en su política de acceso abierto a las publicaciones con miras a acelerar y dotar de mayor transparencia a la difusión de los resultados de las investigaciones. Una resolución emitida el 27 de octubre estableció que los trabajos científicos derivados de proyectos apoyados por la Fundación deben quedar a disposición en repositorios de internet, a más tardar, 12 meses después de la fecha de publicación, a los fines de poder ser consultados por cualquier persona, sin restricciones ni cobro de tarifas. La versión anterior de la normativa, vigente desde 2019, ya establecía la difusión de los papers en acceso abierto, pero era más flexible en cuanto a los diferentes plazos de embargo impuestos por las revistas científicas para liberar sus contenidos al público, lo que dificultaba la fiscalización del cumplimiento de la regla.
La nueva disposición exigirá a los investigadores que, a la hora de elegir una revista científica para publicar sus manuscritos, se cercioren de que la misma permitirá su difusión en acceso abierto en un repositorio institucional en un plazo máximo de 12 meses. “Con esta iniciativa, se espera promover en la comunidad científica del estado de São Paulo una mayor concientización sobre la importancia de poner a disposición de la sociedad, en acceso abierto, la producción científica resultante de la financiación pública”, dice el director científico de la FAPESP, Luiz Eugênio Mello. “También dispondremos de instrumentos para monitorear si la norma se está cumpliendo en los plazos estipulados”, añade José Roberto de França Arruda, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Campinas (FEM-Unicamp) y miembro de la Coordinación Adjunta de Ciencias Exactas e Ingeniería de la FAPESP. La herramienta principal será el portal de documentos científicos Google Scholar, que facilita perfiles de investigadores con una lista de los artículos que publicaron y un recuento de las citas recibidas.
A partir de marzo, la plataforma académica incorporó una nueva utilidad a los perfiles: hay un campo con barras de colores, en el cual el verde indica el número de papers del autor disponibles libremente en internet y el rojo marca la cantidad de documentos bloqueados, en aparente violación de las políticas de acceso abierto de la agencia que financió los estudios. Google Scholar dispone de una base de datos con las normas de publicación de más de 200 agencias de fomento de la investigación científica de diversos países y la FAPESP será una de ellas. “Trabajaremos con la Fundación para incluir esta nueva política de acceso abierto en la información de la página de Google Scholar”, comentó Anurag Acharya, cofundador del portal. “Esto les permitirá a los autores brasileños y a sus pares de otros países revisar y resaltar los artículos publicados con el respaldo de la FAPESP en sus perfiles en la plataforma”.
La Fundación viene promoviendo desde la década de 1990 la difusión en acceso abierto de los resultados de la investigación. Hace 24 años, se asoció con el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud de la Organización Mundial de la Salud para crear la biblioteca virtual SciELO (Scientific Electronic Library Online), una colección con casi 300 periódicos académicos de Brasil cuyos artículos están todos disponibles en internet. En 2008, la FAPESP aprobó una política de acceso abierto que motivó la creación de repositorios públicos de artículos científicos, como el del Consejo de Rectores de las Universidades Estaduales Paulistas (Cruesp), el de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) y el de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).
Google Scholar posee una banco de datos con las reglas de publicación de más de 200 agencias de fomento de la investigación de diversos países
La normativa fue actualizada en 2019 y se estableció que debía depositarse en repositorios públicos una copia de los trabajos financiados por la Fundación, respetando los plazos de embargo de las revistas. Solo estaban exceptuados de esa obligación los artículos publicados en la colección SciELO, en las revistas de acceso abierto o en las híbridas en la modalidad de acceso libre, porque ya estaban disponibles. Simultáneamente, la Fundación empezó a recomendar a los investigadores que consulten una base de datos del Reino Unido – Sherpa Romeo – que recopila las políticas de miles de revistas científicas, para que los autores pudieran elegir las opciones más favorables al acceso abierto. Estas directrices siguen vigentes, ahora con un plazo máximo de 12 meses para que los artículos queden disponibles.
Según los registros de la base de datos Scopus, el 52 % de la producción científica de autores de Brasil disponible en 2021 ya está en acceso abierto, mientras que el 48 % restante ha sido publicado por editoriales o sociedades científicas cuya oferta está restringida durante un tiempo a sus suscriptores. En opinión de Arruda, el embargo máximo de 12 meses es compatible con las políticas de la mayoría de las revistas comerciales. “No obstante, existen revistas del campo de las humanidades y la tecnología, o vinculadas a asociaciones científicas, en que el embargo llega a los 24 meses e incluso a 36 meses. Pero creo que serán pocos los casos que generen algún tipo de controversia”, dice. En estas situaciones, la recomendación de la FAPESP es que el investigador se ponga en contacto con el editor de la revista, le explique que la agencia de financiación estableció un plazo de 12 meses y solicite la liberación del contenido una vez transcurrido ese período. “Si los editores se niegan, existe la posibilidad de activar una válvula de escape que consiste en depositar en un repositorio la versión del artículo que fue remitida para su publicación y aún no contiene el aporte de los revisores en lugar de la versión final. O una versión preliminar que haya sido ofrecida en repositorios de preprints”, explica.
Flavia Bastos, coordinadora de las bibliotecas de la Universidade Estadual Paulista (Unesp) y coordinadora ejecutiva del repositorio de la institución, dice que el cambio en la política de la FAPESP facilitará la tarea de recopilar y depositar la producción científica de los 3.087 docentes de esa institución, que actualmente es realizada por los propios autores y por herramientas automáticas. “Desde 2013 hemos alentado a nuestros autores a autoarchivar sus trabajos científicos en el repositorio y ellos mismos deben informar el período de embargo; solo lo hacemos público al final del mismo. La definición de un plazo máximo para que el artículo quede disponible movilizará a los investigadores y reforzará nuestra estrategia para la creación de una cultura de acceso abierto en la universidad”, dice Bastos.
“La existencia de un plazo determina una prioridad. Trabajaremos con más energía que si tuviéramos plazos más largos”, dice el químico Pedro Sergio Fadini, prorrector de Investigación de la Universidad Federal de São Carlos. Él afirma que la idea de que la ciencia producida con recursos públicos debe estar disponible para el conjunto de la sociedad ya cuenta con un amplio apoyo en la institución. El esfuerzo para ofrecer la producción científica en acceso abierto forma parte de una política de la UFSCar que también incluye otras iniciativas, como la creación de un repositorio público de datos y artículos y el estímulo a los docentes para que formulen planes de gestión de datos de sus proyectos de investigación, haciéndolos accesibles para otros investigadores.
La política de acceso abierto de la Fapesp condujo a la creación de repositorios de artículos científicos en las universidades paulistas
Abel Packer, coordinador de la biblioteca SciELO Brasil, también ve avances en la nueva política de la Fundación. “Ella establece una directriz precisa y de fácil control, capaz de inducir cambios de comportamiento en los investigadores. En este sentido, la FAPESP se alineará progresivamente con las agencias más reconocidas de servicios dedicados al registro de políticas y mandatos de acceso abierto, como Sherpa Juliet y Google Scholar. En este último caso, el 92 % de las instituciones corresponde a Europa, Estados Unidos y Canadá. De América Latina, solamente había presencia Argentina, que tiene el 43 % de sus artículos en acceso abierto, según la base de datos Scopus”, dice.
Con todo, Packer considera que las ambiciones de la política de la FAPESP son “comprensiblemente más conservadoras” que las de los países que están a la vanguardia del movimiento de acceso abierto. S refiere a 17 naciones, en su mayoría europeas, que adhieren al Plan S, una iniciativa que entró en vigencia en el mes de enero (lea en Pesquisa FAPESP edición nº 299). La coalición de agencias de fomento signatarias del plan exige que los artículos resultantes de sus proyectos queden disponibles inmediatamente después de su publicación, eximidos de embargos, y contemplen licencias que garanticen la libertad de reutilización de sus contenidos.
Las transformaciones promovidas por el Plan S están cambiando la forma de retribuir el trabajo de las editoriales. En lugar de cobrarle una tarifa de suscripción a las bibliotecas de las universidades, varias de ellas pactaron grandes acuerdos financieros con instituciones de investigación y organismos de fomento para liberar la difusión de los artículos de sus investigadores. La transición hacia el nuevo modelo también prevé el pago de tarifas adicionales para publicar un artículo en una revista para suscriptores y dejarlo a disposición inmediatamente en internet, lo que eleva los costos. En noviembre de 2020, un grupo de 32 revistas de la colección Nature estableció una nueva modalidad para la publicación en acceso abierto basada en el cobro de 9.500 euros por artículo. Se trata del monto más alto del mercado de las revistas científicas. “Se entiende que la FAPESP no haya ido tan lejos, por ahora, ya que esto conduciría a un incremento considerable de los costos de los proyectos de investigación”, dice Packer.
En agosto, la Agencia de Investigación e Innovación del Reino Unido (Ukri) divulgó una política ambiciosa de acceso abierto a las publicaciones que ella financia, donde establece la divulgación inmediata de los artículos científicos y, para 2024, prevé ofrecer exentos de embargos incluso los libros publicados a partir de sus proyectos de investigación. La Ukri reservó casi 50 millones de libras esterlinas de su presupuesto anual de 8.000 millones de la misma moneda para costear la implementación de esta nueva política. Arruda, de la FAPESP, informa que la Fundación tiene previsto reajustar los beneficios complementarios de los proyectos financiados, para reforzar el pago de los costos de publicación. Pero sostiene que la limitación principal para instaurar en Brasil una estrategia similar a la del Plan S pasa por aglutinar a las diversas agencias de financiación del país en torno de una agenda común de acceso abierto. Esta estrategia, explica, debería involucrar a la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), responsable de financiar las suscripciones de más de 49.000 revistas científicas cediéndolas a las universidades públicas brasileñas en su Portal de Periódicos (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 304). “Un punto de partida para realizar una transición sin aumentar los costos de publicación consiste en utilizar los recursos invertidos en suscripciones para concertar acuerdos de acceso abierto integrales con las editoriales, tal como ocurre en diversos países”, dice Arruda. “Con una estrategia integrada, el poder de negociación de las agencias brasileñas sería mayor”.
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