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Publicaciones científicas

El laberinto del Plan S

La iniciativa de acceso abierto, vigente desde el 1º de enero, modera sus ambiciones y se enfrenta a incertidumbres acerca de su alcance

El Plan S, una iniciativa para expandir el acceso abierto en la comunicación científica creada por instituciones de fomento de la investigación de 17 países, en su mayoría europeos, entró en vigencia el 1º de enero con ambiciones más modestas que las previstas en su lanzamiento, en septiembre de 2018. El concepto esencial se mantuvo intacto: si una investigación se financia con fondos públicos –en este caso, con recursos de una de las agencias signatarias–, sus resultados deberán divulgarse en revistas científicas o en plataformas en internet a las cuales cualquier persona pueda acceder sin tener que pagar por ello. Pero las vías para lograr ese objetivo se flexibilizaron con el propósito de conciliar los intereses de investigadores, editoriales y agencias de financiación.

El consorcio cOAlition S, responsable del plan, renunció a prohibir los modelos de negocio tradicionales de las revistas, tales como la venta de suscripciones o el cobro de tarifas adicionales para la divulgación de artículos en internet. En el marco del plan original, los autores financiados por las agencias adheridas solamente podían elegir entre revistas de acceso abierto pleno, aquellas con la totalidad de sus contenidos disponible libremente, e incluso se planteó la posibilidad de patrocinar la creación de nuevas revistas con ese modelo (lea en Pesquisa FAPESP, edición n º 276).

Los investigadores se quejaron diciendo que el plan restringiría su libertad de elegir dónde publicar. También hubo un rechazo notorio entre las editoriales y sociedades científicas, temerosas de perder ingresos. Ante esas presiones, los mentores del plan aplazaron su implementación de 2020 a 2021, y suspendieron temporalmente varias restricciones. El consorcio anunció que se continuaría permitiendo publicar en cualquier modelo de revistas, incluso en las de acceso restringido para suscriptores, siempre y cuando las mismas garantizaran la difusión de una copia revisada del trabajo en algún repositorio de acceso abierto inmediatamente después de su publicación, donde se lo pueda consultar sin restricciones. Pero dicha flexibilización solo beneficiará a las revistas que suscriban los llamados “acuerdos de transformación”, por medio de los cuales se comprometen a ampliar progresivamente sus actividades en acceso abierto hasta llegar al 100 % en 2024. A cambio, se las autoriza a mantener el modelo antiguo durante los próximos cuatro años, pudiendo así recaudar dinero de las agencias públicas para costear la publicación de artículos en acceso abierto.

Si bien el Plan S ya es una realidad, aún no está claro el alcance del cambio que podrá generar. En su presentación, se hizo un gran esfuerzo para lograr la adhesión de agencias de otros países y, así, aumentar el poder de negociación de cOAlition S, pero el plan sigue siendo una estrategia europea, que no involucra a otros continentes. Dentro del laberinto de opciones para publicar en acceso abierto, no se sabe cuál será la que se impondrá. Para Abel Packer, coordinador de la colección de revistas de acceso abierto SciELO Brasil, el futuro del Plan S dependerá en gran medida de la ambición y del alcance de los acuerdos de transformación que se rubriquen. Por ahora, se está avanzando en otro tipo de convenios, suscritos entre las editoriales y los países o universidades y auspiciados por el Plan S, pero que no están vinculados a la iniciativa.

Estos acuerdos no determinan cambios en el modelo de las revistas que operan con suscripciones. Uno de ellos, pactado entre la editorial Wiley y la plataforma Jisc Collections, permitirá que los casi 9 mil artículos de autores del Reino Unido que se publican anualmente en las revistas pertenecientes a Wiley sean de acceso libre en 2022. En Suecia, el acuerdo del Consorcio Bibsam con la editorial Elsevier, vigente desde el 1º de enero, posibilita el acceso de investigadores y alumnos a más de 2 mil revistas de la editorial y permite que todos los artículos de autores suecos se publiquen en la modalidad de acceso abierto. En casos excepcionales, hubo avances más amplios.

Para publicar en acceso abierto, las revistas del grupo Nature proponen cobrarles a los autores una tarifa de 9.500 euros por artículo

La editorial Springer Nature anunció que expandirá su producción en acceso abierto. “Somos la mayor editorial del mundo de artículos de acceso abierto, que es hacia donde la iniciativa científica se irá desplazando naturalmente”, expresó James Butcher, vicepresidente de periódicos de la editorial, en la revista Science. La empresa publica actualmente 600 revistas de acceso abierto y otras 2.200 híbridas, que cobran suscripciones y ofrecen publicación en acceso abierto a los autores pagando un canon. Para el grupo editorial, quedarse al margen del plan sería un mal negocio. En 2017, el 35 % de los artículos publicados en su nave insignia, la revista Nature, contaban con el aval de alguna agencia de fomento ligada al Plan S.

Pero la transición de un modelo a otro también revela uno de los principales puntos vulnerables de la iniciativa: el impacto que este cambio podría acarrear los costos de publicación. En noviembre, un grupo de 32 revistas de la colección Nature presentó una estrategia para publicar artículos en acceso abierto basada en el cobro de 9.500 euros por artículo, un monto equivalente a 11.500 dólares, o a 58 mil reales. Es el valor más alto que se cobra en el mercado de las revistas científicas.

Estará disponible una opción más barata de acceso abierto en carácter experimental. Los autores que envíen trabajos a las revistas Nature Genetics, Nature Methods y Nature Physics abonarán 4.790 euros por artículo, siempre que acepten participar en la llamada “revisión guiada”. En ese proceso, los editores de las tres revistas evaluarán si el manuscrito es lo suficientemente sólido como para remitirlo a la revisión por pares, los autores deberán pagar previamente una “tarifa de evaluación editorial” de 2.190 euros para cubrir los gastos iniciales, sin garantía de publicación. Si el artículo finalmente se acepta, abona una tarifa adicional de 2.600 euros. Caso contrario, de todos modos el autor podrá incorporar las recomendaciones de los revisores a su manuscrito. El primer borrador del Plan S estipulaba un monto estándar y un tope para las tarifas de procesamiento de los artículos (APC) que se les cobren a los autores. Las APC compensan a las editoriales, cubriendo los costos de edición y publicación de los artículos, y en la actualidad oscilan entre 1.500 y 5 mil dólares por paper. Los artífices del Plan S llegaron a sugerir un rango de valores entre 1.500 y 3 mil dólares por APC. En la versión actual del plan, solamente se les propuso a las editoriales que sean transparentes en los criterios para definir las tarifas.

Según Abel Packer, hay revistas de acceso restringido que permitirán la divulgación inmediata de los artículos en repositorios públicos, pero solo en el caso de que su contenido haya sido financiado por una agencia adherida al Plan S. El resto de los artículos permanecerán sin acceso, al menos durante un período de gracia, como mínimo, de seis meses. Él espera que la competencia entre las revistas obligue a las editoriales a fijar tarifas competitivas. “Algunas quizá reduzcan el monto de las APC y busquen un equilibrio financiero ampliando la cantidad de artículos aceptados para publicar”, sugiere. “Pero la tendencia redundará en una ampliación de la brecha entre los investigadores de los países ricos, que tendrán acceso a revistas de alto impacto, y los de los países pobres o en el inicio de su carrera, que tendrán que buscar otras opciones”, explica.

El aumento de los costos fue el pretexto para una deserción en la lista de apoyadores del Plan S. El Consejo Europeo de Investigación (ERC), un programa de la Unión Europea que respalda a grupos de excelencoa, anunció en el mes de julio que ya no avalaría el plan, molesto ante la perspectiva de que los científicos en comienzo de su carrera y de países fuera de Europa perdieran posibilidades de publicar sus trabajos.

Los contratiempos del Plan S se atribuyen, en gran medida, al temor que tienen las agencias científicas de fomento de varios países de generar un desorden en el proceso de comunicación científica al adoptar cambios radicales, rompiendo abruptamente con las prácticas arraigadas. “Existe un amplio consenso en cuanto a que los costos de financiación de las publicaciones científicas ya no deben recaer más en quien las lee, pero la manera adecuada de hacerlo aún está en discusión”, explica José Roberto de França Arruda, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Campinas (FEM-Unicamp) y miembro de la coordinación adjunta de Ciencias Exactas e Ingenierías de la FAPESP. Uno de los puntos principales del disenso, en opinión de De França Arruda, tiene que ver con la definición de cuál es el monto razonable que ha de pagarse para publicar un paper en un ambiente en el que los costos recaerán por completo en los autores y en las agencias de financiación. “Imagínense una ayuda de investigación que otorgue un monto de 200 mil reales cuyo resultado sean cinco artículos científicos por año. Si cada paper cuesta 1.500 dólares, eso ya absorbería gran parte del valor del proyecto”, dice. “Ahora estamos recomendando a los investigadores que calculen cuánto van a necesitar para publicar los resultados al momento de presentar el proyecto”.

En el caso de Brasil existe un problema adicional: estos costos crecientes se superponen a otras inversiones realizadas en acceso abierto, como en el caso del Portal de Revistas de la Capes, por medio del cual las universidades brasileñas disponen de acceso –con financiación del gobierno– al contenido de miles de revistas científicas internacionales. “Es importante que los recursos que hoy se utilizan para financiar el acceso a las revistas por suscripción se transfieran gradualmente para financiar las APC en revistas de acceso abierto. Se trata de sumas importantes y esto debe ser tenido en cuenta por las agencias públicas de fomento”.

La FAPESP apoya de manera asertiva el acceso abierto. Desde 1997, financia la biblioteca SciELO, que reúne casi 300 revistas cuyo contenido se encuentra totalmente disponible en internet, y la mayoría no cobran tarifas de publicación. Pero la Fundación evitó adoptar modelos muy estrictos, como los del primer borrador del Plan S. En febrero de 2019, la FAPESP mejoró su política de acceso abierto a las publicaciones científicas, puesta en marcha en 2008 y cuyo resultado fue la creación del Repositorio de la Producción Científica del Consejo de Rectores de las Universidades Estaduales Paulistas (Cruesp), surtido con artículos, tesis, tesinas y otros trabajos científicos.

Las últimas directrices determinan que los artículos que sean resultado, total o parcialmente, de investigaciones financiadas por la Fundación, deberán divulgarse en revistas que permitan el resguardo de una copia de los papers en repositorios en la web. El archivo de la copia deberá efectuarse cuando el manuscrito fuera aprobado para su publicación, o bien dentro de los plazos compatibles con las restricciones de cada revista, algunas de las cuales imponen períodos de veda que van de seis meses a un año. Los investigadores son libres de elegir las revistas a las cuales quieran enviar sus artículos, pero se les recomienda que la elección recaiga sobre aquellos títulos que permiten el depósito de copias en repositorios.

También se ha observado un comportamiento cauteloso en los debates sobre el acceso abierto del Global Research Council (GRC), un foro que aglutina a agencias científicas de fomento de todo el mundo. Desde hace bastante tiempo, la organización difunde la adopción de mecanismos tales como la creación de repositorios institucionales de acceso abierto y comparte las experiencias exitosas de los países. “Desde 2013 en adelante, el GRC ha formulado declaraciones de principios y planes de acción tendientes a estimular la transición hacia el modelo de acceso abierto que han orientado las políticas puestas en práctica por varias agencias. Pero ni siquiera así se logró que una cantidad significativa de ellas adhirieran al Plan S”, dice Euclides de Mesquita Neto, docente de la FEM-Unicamp, miembro de la coordinación adjunta de Programas Especiales y Colaboraciones en Investigación de la FAPESP y uno de los representantes americanos en la secretaría ejecutiva del GRC. “Creo que muchas están aguardando hasta ver cómo se resuelven los dilemas con el propósito de mejorar sus estrategias”.

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