Un texto editorial publicado en abril en la revista Nature señaló una contradicción en las políticas de los gobiernos y las agencias de financiación referentes a la evaluación académica y al estímulo a la compartición de los datos de investigación. Un científico que pone libremente a disposición la información de sus estudios, como es lo que más se promueve en la actualidad, puede ser menos reconocido o recompensado que otro que opta por vedar el acceso a los registros primarios de sus experimentos.
La revista menciona un caso concreto que ella misma difundió. Se trata de un estudio publicado el 6 de abril donde se describen los gráficos de los patrones de desarrollo del cerebro, similares a aquellos que registran el peso y la altura de las personas a lo largo de su vida. En el artículo en cuestión, suscrito por neurocientíficos de las universidades de Cambridge, en el Reino Unido, y de Filadelfia, en Estados Unidos, se utilizaron los registros de alrededor de 120.000 exámenes por resonancia magnética vinculados a más de un centenar de estudios de diferentes grupos. Esos datos eran en parte de acceso restringido bajo el argumento de que era necesario proteger la privacidad de los pacientes. Hubo que llegar a acuerdos para poder obtenerlos y analizarlos.
La contradicción queda en evidencia en los créditos del artículo. Algunos de los científicos que mantenían sus datos reservados y aceptaron cederlos figuran entre los más de 200 coautores del paper, mientras que aquellos que ponían a disposición sus datos sin limitaciones solamente aparecen en los agradecimientos. Es verdad que solo deben firmar los artículos científicos los investigadores que hayan contribuido de manera sustancial a la concepción o a la realización de la investigación; cualquier otro tipo de colaboración debe figurar en la lista de agradecimientos.
En opinión de los editores de la revista Nature, la publicación de artículos y la disponibilidad de los registros deberían tener una incidencia similar en los procesos de evaluación, contratación y ascenso de los investigadores, con el propósito de estimular esta práctica. “Las universidades, los grupos de investigación, las agencias de financiación y los editores de las revistas deberían empezar a considerar en conjunto cómo otorgar un mayor reconocimiento a los datos abiertos en sus sistemas de evaluación”, propone el editorial.
Un artículo publicado en enero en la revista Journal of Medical Internet Research por investigadores de las universidades de Lovaina y de Gante, en Bélgica, también puso de manifiesto este descontento de los científicos que ponen a disposición sus datos. Para ello entrevistaron a 17 epidemiólogos que utilizan repositorios financiados por la Unión Europea, quienes refirieron la falta de un estándar en la adjudicación de autoría de los artículos. En algunos casos, firmaron un artículo solamente por haber facilitado sus datos. En otros, se los incluyó en los agradecimientos, con la excusa de que la lista de autores ya era demasiado extensa.
En los últimos 10 años, las agencias de fomento de la investigación científica de varios países, entre ellos Estados Unidos, Australia y también los europeos, empezaron a exigir que los proyectos que financian contemplen planes de gestión de los datos, para garantizar que se ajusten a los estándares conocidos por el acrónimo en inglés Fair (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables por colegas). En octubre de 2017, la FAPESP comenzó a exigirles a los investigadores que adjunten a sus pedidos de financiación un plan de gestión de los datos científicos, desde su recabado hasta la plataforma en la que quedarán disponibles (léase en Pesquisa FAPESP, edición nº 260). Estos planes permiten la información pueda reutilizarse y confirmársela con mayor facilidad.
La compartición de datos está creciendo, pero en forma desigual. En la última década, la científica de datos estadounidense Carol Tenopir, de la Universidad de Tennessee, en Knoxville (EE. UU.), ha realizado tres investigaciones sobre el tema en las que participaron más de 2.000 científicos de diversos países, en las que pudo comprobar que el 96 % de los expertos en medio ambiente y ecología entrevistados estaban dispuestos a proporcionar información sobre sus investigaciones, mientras que los psicólogos y pedagogos mostraron un interés mucho menor. Sin embargo, esa predisposición no siempre se tradujo en acciones. Menos de la mitad de los investigadores depositaron sus datos en repositorios. Entre los recelos que argumentaron sobresalieron el de que los colegas hicieran uso de los registros antes de que los propietarios pudieran analizarlos en profundidad o que su divulgación infrinja las leyes. Hay una serie de situaciones en que resulta necesario proteger los datos, como aquellas que tienen que ver con la privacidad de los sujetos de la investigación, intereses comerciales legítimos o los riesgos para la seguridad o la salud pública. No obstante, incluso en algunas de estas eventualidades, se los puede divulgar parcialmente. En muchos casos, la privacidad de los sujetos de estudio puede preservarse, por ejemplo, excluyendo aquellas indicaciones que puedan llevar a su identificación.
La preocupación por recompensar el esfuerzo puesto en la transparencia por los científicos no es precisamente una novedad. Fue un ítem destacado en la 6ª Conferencia Mundial sobre Integridad Científica que se celebró en Hong Kong en 2019. En la declaración divulgada al final del encuentro, una de las recomendaciones fue recompensar mejor a quienes adoptan las prácticas de lo que se denomina ciencia abierta, que promueven la transparencia en la investigación y el trabajo colaborativo. Varias instituciones están avanzando en tal sentido. La Universidad de Glasgow, en Escocia, estableció criterios de evaluación que no se limitan a indicadores tales como las citas de artículos y los premios obtenidos. Sus docentes deben dejar constancia sobre los esfuerzos que realizaron para garantizar la difusión de los datos siguiendo los principios de la ciencia abierta. La Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, ha creado una galería en su página web, que contiene las fotografías y perfiles de 70 “campeones de los datos”, entre los cuales figuran docentes, becarios de posdoctorado, estudiantes y técnicos que gestionan la información de sus investigaciones en forma abierta y difunden recomendaciones sobre esa práctica entre sus colegas.
El biólogo molecular Barend Mons, del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, asesor de programas científicos de la Unión Europea, advierte que las responsabilidades del uso compartido de datos están demasiado centradas en los individuos y deben ser asumidas por las instituciones en las que estos trabajan. Mons recomienda que las universidades contraten a un experto en preservación de datos por cada grupo de 20 investigadores. “El mayor error en el que pueden incurrir las instituciones reside en tratar de entrenar a todos los jóvenes científicos para que sean administradores de datos improvisados”, declaró a la revista Nature.
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