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Políticas públicas

La paradoja está servida

Científicos buscan caminos para combatir la inseguridad alimentaria en Brasil, uno de los principales productores agropecuarios del mundo

Léo Ramos Chaves

El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (PMA-ONU), reconocido con el Premio Nobel de la Paz de 2020, estima que este año el hambre afectará a 270 millones de personas en los 88 países en los que opera el organismo internacional, lo que supone un aumento del 82 % con respecto a 2019. En Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, en 2017 y 2018, cuatro de cada diez familias no tenían acceso diario, regular y permanente a comida suficiente. En el mismo período, más de 10 millones de personas informaron que pasaban hambre, la cifra más alta de los últimos 15 años, según la Investigación de Presupuestos Familiares (POF, en portugués), divulgada en septiembre por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La inseguridad alimentaria es un problema que requiere soluciones multidisciplinarias. Para reducirla, los caminos señalados por los investigadores escuchados por Pesquisa FAPESP involucran políticas de distribución de ingresos e inversiones en educación, como así también incentivos a la agricultura familiar que posibiliten una ampliación de la disponibilidad de alimentos para el consumo doméstico y disminuir el hambre en el campo, donde la situación es más grave.

El estudio intitulado Producción Agrícola Municipal (PAM), elaborado por el IBGE, determinó que en 2019 el valor de la producción agrícola del país creció un 5,1 %, llegando a los 361.000 millones de reales, un alza arrastrada por la producción de granos, que totalizó 212.200 millones de reales. Los datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) indican que Brasil es el mayor productor mundial de soja, habiendo exportado 74 millones de toneladas de granos el año pasado, casi el doble de los 43 millones de toneladas consumidas localmente. El país también figura entre los principales exportadores de algodón, maíz, pollo y carne vacuna. “Pese a ser uno de los mayores productores de alimentos del mundo, alrededor del 40 % de la superficie cultivada se utiliza para la producción soja y para el ganado, generando commodities que no reducen la inseguridad alimentaria en el país”, dice la sanitarista Denise Oliveira, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Brasilia y coordinadora del Observatorio Brasileño de Hábitos Alimentarios.

La condición de la seguridad alimentaria implica el acceso regular y permanente a alimentos de calidad y en cantidad suficiente. En 2004, a nivel nacional, la seguridad alimentaria incluía al 65,1 % de los hogares del país, y aumentó al 77,4 % en 2013. Según el último análisis del IBGE, ese porcentaje se ha reducido ahora al 63,3 % de los hogares. Asimismo, el estudio reveló que en 2017 y 2018, el 36,7 % de los 68,9 millones de hogares brasileños presentaron algún grado de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria grave, una coyuntura en la que las familias no tienen nada que comer y, por lo tanto, pasan hambre, aumentó un 43,7 % entre 2013 y 2018, subiendo de 7,2 millones a 10,3 millones de personas.

Las mujeres y las personas de raza negra y parda se encuentran entre los grupos más vulnerables. Entre los hogares en condiciones de seguridad alimentaria, el 61,4 % están encabezados por varones. Esta prevalencia se invierte a medida que aumenta el nivel de inseguridad alimentaria. En el 51,9 % de los hogares con inseguridad alimentaria grave, las mujeres son las principales proveedoras. En tanto, en el 15,8 % de todos los hogares con inseguridad alimentaria grave, el referente de la familia se declaró negro, mientras que en los hogares con seguridad alimentaria el porcentaje equivalente es del 10%. Una de las colaboradoras técnicas del informe del POF sobre Seguridad Alimentaria, la nutricionista Rosana Salles-Costa, del Instituto de Nutrición Josué de Castro de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), explica que la inseguridad en los hogares encabezados por mujeres o por personas negras y pardas está relacionada con la desigualdad de ingresos y la dificultad para acceder a condiciones de trabajo estables.

En Brasil, la inseguridad alimentaria refleja principalmente las condiciones de vida miserables de la población. “La cantidad de personas en situación de extrema pobreza, es decir, de familias que viven con menos de 145 reales al mes, está muy cerca de la que abarca a la población en situación de inseguridad alimentaria grave”, analiza el economista Francisco Menezes, coordinador de proyectos del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase) e investigador de la organización no gubernamental (ONG) ActionAid. La Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios (Pnad) del IBGE indicó que en 2017 y 2018 había 12 millones de brasileños en situación de extrema pobreza, mientras que la POF para el mismo período mostró que la población en situación de inseguridad alimentaria grave comprendía a 10 millones de personas. “La inseguridad alimentaria grave afecta a las familias que no tienen dinero para comprar comida. Es por eso que las políticas de transferencia de ingresos, como es el caso del programa Bolsa Familia, son fundamentales en la lucha contra el hambre”, dice Salles-Costa, de la UFRJ, quien desde hace 10 años coordina el grupo que investiga los efectos de las políticas de transferencia de ingresos en la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Léo Ramos Chaves La distribución de alimentos en el centro de São Paulo procura mitigar el hambre de la poblaciónLéo Ramos Chaves

A juicio del ingeniero agrónomo José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entre 2012 y 2019, el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el país ocurre, en primera instancia, por el bajo crecimiento económico que se viene registrando desde mediados de 2008, con el consiguiente aumento del desempleo y la caída en los niveles de ingresos. Otro factor, desde el punto de vista de Menezes, del Ibase, atañe al debilitamiento de las políticas públicas de seguridad alimentaria, cuyo presupuesto ha venido disminuyendo sucesivamente desde 2014. Un ejemplo de ello es el Programa para la Adquisición de Alimentos (PAA) del gobierno federal, que adquiere suministros para la agricultura familiar y los distribuye entre las personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, la red socioasistencial, los equipos públicos de seguridad alimentaria y nutricional y la red pública y filantrópica de enseñanza. El programa, que llegó a contar con 2 mil millones de reales del presupuesto federal, hoy en día dispone de 200 millones de reales.

En un texto publicado en el sitio web de la ONG Fase (Federación de Entidades para la Asistencia Social y Educativa), la antropóloga Maria Emília Pacheco, quien fuera presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) durante cuatro años, estima que entre 2011 y 2016 las compras públicas realizadas a través del programa beneficiaron a alrededor de 730 mil familias de agricultores, mediante la adquisición de 2,1 millones de toneladas de alimentos, que permitieron atender a 104 mil entidades socioasistenciales en todo el país. “En 2019 se desmantelaron institucionales claves para el desarrollo y la ejecución de políticas públicas de seguridad alimentaria, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social, que fue incorporado al Ministerio de la Ciudadanía, y el propio Consea”, dice Menezes.

Léo Ramos Chaves La distribución de alimentos en el centro de São Paulo procura mitigar el hambre de la poblaciónLéo Ramos Chaves

En un fenómeno en apariencia paradójico, el hambre ha afectado de manera más severa a las poblaciones rurales que a las urbanas, tal como lo certifica el estudio realizado por el IBGE. Entre 2017 y 2018, la inseguridad alimentaria grave afectó al 7,1 % de los hogares rurales y al 4,1 % de las familias que vivían en las ciudades. Tal situación deriva principalmente del debilitamiento de las políticas de incentivo a la agricultura familiar, a juicio del politólogo Thiago Lima, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB). Lima refiere que desde mediados del decenio de 1990 el país optó por convertirse en un gran exportador de commodities, tales como soja, maíz, arroz, carne y azúcar, como estrategia para revertir las escasa reservas cambiarias. Al mismo tiempo, ese período se caracterizó por el fuerte crecimiento del este asiático, que también pasó a adoptar  una dieta más occidental, abundante en carnes, productos lácteos y azúcares, intensificando la demanda al agronegocio brasileño, que desde entonces ha ido incrementando sus exportaciones. “Esa dinámica afectó al mercado interno, a medida que cada vez más productores se adaptaron para atender al mercado externo, invirtiendo en monocultivos y disminuyendo la superficie cultivada de arroz y frijoles, por ejemplo, centrada en el consumo local”, dice.

De acuerdo con Lima, durante la primera década del siglo XXI, el país fomentó simultáneamente al agronegocio y a la producción de alimentos para el mercado doméstico. “En ese período, un buen desempeño económico y la instauración de políticas de alimentación escolar, adquisición de la producción agrícola a las economías familiares y la construcción de cisternas en el semiárido, además de la ampliación de los asentamientos rurales, permitieron reducir la cantidad de hambrientos en el país”, explica el politólogo. Según él, luego de 2016, el país comenzó a priorizar la exportación de alimentos en detrimento del abastecimiento local.

Como contrapartida, el economista Felippe Serigati, de la Escuela de Economía de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas (FGV-Eesp), hace hincapié en la importancia del agronegocio en el sentido de que garantizó un aumento en la disponibilidad de alimentos en las últimas tres décadas. “Entre 1960 y 1980, la inseguridad alimentaria en Brasil estaba dada por la oferta acotada de suministros. Había escasez de productos y el país tenía que importar productos básicos”, subraya Serigati, quien coordina la maestría profesional en agronegocio de la FGV-Eesp. Según él, el desarrollo de tecnologías a partir de la década de 1980 permitió ampliar la producción local, lo que colaboró tanto para la disminución de la inseguridad alimentaria como para el fortalecimiento de las exportaciones. En lo referente al panorama reciente, de recrudecimiento de la inseguridad alimentaria, él señala a la reducción de los presupuestos domésticos como uno de los principales factores que lo explican.

Léo Ramos Chaves La distribución de alimentos en el centro de São Paulo procura mitigar el hambre de la poblaciónLéo Ramos Chaves

Serigati también argumenta que no es posible establecer una línea divisoria entre el rol de la agricultura familiar y el del agronegocio en la seguridad alimentaria de la población, toda vez que ambos están relacionados. “Los pequeños propietarios del estado de Santa Catarina, por ejemplo, producen una diversidad de granos y también se dedican a la cría de pollos y cerdos, pero compran el maíz para alimentar a sus animales a los grandes productores del sector”, dice. Asimismo, reflexiona, hay pequeños agricultores que abastecen tanto al agronegocio como al mercado local. Un buen ejemplo de ellos son los productores de frutas del interior de São Paulo y los del valle del río São Francisco.

Los agricultores familiares son aquellos que poseen hasta cuatro módulos fiscales –unidad de medida agraria expresada en hectáreas que varía según cada municipio–, trabajan con mano de obra familiar y sus ingresos están vinculados con el propio emprendimiento. Según datos del último Censo Agropecuario, divulgados en 2017, el 77 % de los más de 5 millones de establecimientos de producción agrícola del país pertenecen a agricultores familiares, que poseen el 23 % de la superficie cultivada nacional. De acuerdo con el sociólogo Fábio Alves, investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), ese grupo es responsable del 70 % de la producción de mandioca, el 48 % de la producción de banana, el 60 % de la producción de hortalizas, el 64 % de la producción de leche y del 51 % de la cría de porcinos, productos considerados esenciales en la cultura alimentaria de los brasileños. Alves comenta también que la agricultura familiar brinda trabajo a dos tercios de la mano de obra en el campo, generando 10 millones de empleos. “Más allá de producir el alimento que abastece la mesa de los brasileños, los pequeños agricultores también generan empleo y producen para su consumo personal”, explica el investigador, quien integra un equipo de trabajo que realiza análisis del desarrollo rural.

Las lecciones de la pandemia
“Estamos notando un aumento en la prevalencia de la desnutrición entre la población que atendemos”, advierte la pediatra Maria Paula de Albuquerque, gerente general del Centro de Recuperación y Educación Nutricional de la Universidad Federal de São Paulo (Cren-Unifesp). El Cren atiende a familias que viven con menos de dos salarios mínimos mensuales y que residen en los distritos con Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajos de la ciudad de São Paulo: São Matheus, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, Lajeado, Jardim Ângela y Brasilândia. De Albuquerque asevera que, entre los habitantes de esos lugares, la tendencia apunta un empeoramiento de todas las formas de malnutrición. “En 2019, el 80 % de los niños que atendíamos tenían problemas de obesidad. Ahora están llegando también con otras formas de malnutrición, que incluyen baja estatura y delgadez”, relata. Según ella, estos trastornos podrían estar relacionados con el consumo de determinados productos industrializados o ultraprocesados, que generalmente cuestan menos que los alimentos frescos y sanos.

Léo Ramos Chaves Agricultores preparan canastas de alimentos para venderlas, a bajo precio, a la población en situación de vulnerabilidadLéo Ramos Chaves

La farmacéutica y bioquímica Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco, del Departamento de Alimentos y Nutrición de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de São Paulo (FCF-USP) y coordinadora del Centro de Investigación en Alimentos (FoRC), uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) apoyados por la FAPESP, subraya que ciertos alimentos industrializados pueden agravar el problema de malnutrición o desnutrición y, por eso, se los debe evitar. “Por otra parte, los alimentos industrializados son importantes para erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria, siempre y cuando su procesamiento garantice que sean saludables, funcionales y seguros”, dice.

Según los datos de la FAO citados por Graziano, en Brasil, una alimentación saludable llega a costar hasta cuatro veces más que una alimentación básica, es decir, aproximadamente unos 12 reales por comida, un monto inaccesible para gran parte de la población. Se considera dieta saludable a aquella que prioriza el consumo de grasas insaturadas y evita las grasas trans producidas industrialmente; menos de un 10 % de las calorías diarias suministradas provienen de azúcares agregados, y garantiza un consumo diario de al menos 400 gramos de frutas y vegetales y menos de 5 gramos de sal, además de una pequeña cantidad de alimentos de origen animal.

“Puede parecer absurdo que gente que padece falta de alimentos presente distintos grados de obesidad, pero eso está relacionado con la baja calidad de los productos ingeridos”, enfatiza la nutricionista Semíramis Martins Álvares Domene, del Instituto Salud y Sociedad de la Unifesp, en su campus de Baixada Santista. Ella menciona un estudio realizado entre 2015 y 2017 por investigadores de la Unifesp, en el cual se analizó el consumo de alimentos ultraprocesados y su asociación con la dependencia alimentaria entre los niños de las familias de bajos ingresos con sobrepeso. Se estudió a un total de 139 chicos de entre 8 y 10 años, matriculados en dos Centros Educativos Unificados (CEU) de la ciudad de São Paulo. Según un artículo publicado en 2019 en la revista Appetite, que da a conocer parte de los resultados de esa investigación, el hallazgo principal entre los niños con sobrepeso fue que el consumo habitual de galletas, refrescos y salchichas se asocia con la aparición de adicciones alimentarias, presentes en el 29 % de los chicos con exceso de peso. “El estudio verificó que esos niños presentan un comportamiento de consumo excesivo en relación con esos alimentos similar al que se observa entre los drogadictos”, dice la investigadora. Según Domene, es importante que se identifiquen aquellos alimentos que podrían estar asociados a las adicciones alimentarias para un correcto tratamiento y la prevención de la obesidad infantil, uno de los mayores problemas de salud pública en todo el mundo.

Léo Ramos Chaves Un agricultor en plena faena en una chacra del distrito de Parelheiros, en la ciudad de São PauloLéo Ramos Chaves

En cuanto a las iniciativas gubernamentales tendientes a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños brasileños, Albuquerque menciona como una de las más importantes el Programa Nacional de Alimentación Escolar (Pnae), que prevé una transferencia de recursos suplementarios a estados y municipios, destinados a la alimentación escolar y a acciones educativas. “A partir de esa iniciativa, muchos niños empezaron a recibir el 70 % de sus necesidades nutricionales en la propia escuela”, explica. Albuquerque comenta que los cinco primeros años de vida de un niño son decisivos para condicionar sus hábitos alimentarios. Cuando padecen episodios frecuentes de escasez de alimentos en su infancia, eso puede causarles daños irreversibles en su desarrollo físico y cognitivo.

Consciente de este hecho, el Cren efectúa visitas periódicas a distintas familias de los distritos donde opera. “Durante la pandemia, hicimos esas visitas para entender cómo estaban utilizando los recursos de la ayuda de emergencia”, relata. La pediatra informa que las familias que adhirieron a la propuesta alimentaria basada en productos frescos y sanos están registrando un impacto positivo en el peso y estatura de sus niños y disminuyendo sus niveles de inseguridad alimentaria. El consenso en cuanto a la importancia del consumo de productos frescos no va en desmedro del rol que cumple la industria alimenticia. La posibilidad de producir y distribuir a gran escala aquellos productos que se consumen en abundancia en todo el mundo, tales como café, cacao, cebada, soja y trigo, se debe al desarrollo científico y tecnológico incorporado por el sector.

Un nuevo plan de estudios
La preocupación por los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria ha generado cambios en los planes de estudios de las facultades de ingeniería de alimentos. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Campinas (Unicamp), que reformuló el programa curricular de la carrera para incluir debates sobre sostenibilidad e implicaciones sociales en el proceso de producción y desarrollo de los alimentos. Luego de dos años de preparación, el nuevo currículo entró en vigencia en 2020. “Una preocupación creciente tanto en las carreras de ingeniería de los alimentos como en la propia industria alimenticia ha sido el estudio de nuevas tecnologías que permitan reducir el desperdicio de comida, extendiendo su período de caducidad sin causar daños al medio ambiente ni agregarles conservantes químicos a los productos”, sostiene el científico de los alimentos Anderson de Souza Sant’Ana, de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Unicamp. Según él, en los países en vías de desarrollo como Brasil, los residuos de alimentos pueden llegar al 30 % de todo lo que se produce, incluyendo tanto las cosechas como las sobras que se desperdician en las ferias, supermercados, restaurantes y en los propios hogares.

Proyectos
1. FoRC – Centro de Investigaciones en Alimentos (n° 2013/07914-8); Modalidad Ayuda de Investigación – Centros de Investigación, Innovación y Difusión – CEPIDs; Investigador responsable Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco (USP); Inversión R$ 39.436.780,80.
2. Estudio de efectividad de la intervención multidisciplinaria entre adolescentes con exceso de peso en el Centro de Recuperación y Educación Nutricional – CREN: proyecto Yo aprendí, yo enseñé. (n° 14/22351–2); Modalidad Ayuda de Investigación – Regular; Investigador responsable Ana Lydia Sawaya (Unifesp); Inversión R$ 205.171,66.

Artículo científico
FILGUEIRAS, A.R. et al. Exploring the consumption of ultra-processed foods and its association with food addiction in overweight children. Appetite. n. 135, p. 137-145. abr. 2019.

Libro
LIMA, T. (comp). Segurança Alimentar e Relações Internacionais. Editorial de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB): João Pessoa, 2019.

Documentos
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 – Análise da Segurança Alimentar no Brasil. Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Río de Janeiro: 2020.
Producción Agrícola Municipal (PAM), Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Río de Janeiro: 2020.
Investigación Nacional de Salud, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Río de Janeiro: 2020.
Censo Agropecuário, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Río de Janeiro: 2017.
PACHECO, M. E. L. Vetos ao PL 735 negam cidadania e o direito à alimentação. Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa. Online. Ago, 2020.

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