La pandemia de covid-19 y la consecuente necesidad de distanciamiento social para combatir la propagación del virus Sars-CoV-2 han agravado el panorama de la violencia contra las mujeres. En Brasil, entre marzo y abril, los casos de femicidios crecieron un 22,2% en 12 estados, en comparación con el mismo período del año pasado, según consta en un informe elaborado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), a pedido del Banco Mundial. El estudio, publicado al comienzo de junio e intitulado “La violencia doméstica durante la pandemia de covid-19”, revela que, en el estado de Acre, el aumento de esos delitos fue de un 300%, y le siguen los estados de Maranhão (un 166,6%) y Mato Grosso (un 150%). Muchas de esas agresiones, profundizadas en el marco de la crisis sanitaria actual, ya ocurrían en la intimidad de los hogares, según lo señalan las investigaciones sobre el tema. Durante el aislamiento, las mujeres y los niños que conviven con familiares violentos acabaron expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad.
Este problema no es exclusivo de Brasil. En todos los continentes, los países han registrado un incremento en la cantidad de casos de algún tipo de violencia contra las mujeres. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) estima que el incremento promedio de los casos, en los países que adoptaron medidas de aislamiento social fue de un 20%. En Argentina, la cantidad de mujeres asesinadas fue el más alto en una década, con más de 50 femicidios registrados durante los últimos dos meses. En Rusia, las denuncias telefónicas y pedidos de ayuda ante situaciones de violencia doméstica crecieron un 70% en el mismo período. “A menudo, las mujeres solo se dan cuenta que corren peligro a último momento. Con frecuencia hemos escuchado la expresión: ‘Si sales el virus te agarra, si te quedas tu marido te mata’”, comenta Ivete Boulos, coordinadora del Núcleo de Asistencia a las Víctimas de Violencia Sexual (Navis) del Hospital de Clínicas (HC) de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (FM-USP).
Pese al recrudecimiento que se evidencia, la violencia contra mujeres, adolescentes y niños, incluyendo la violencia sexual, no es resultado del confinamiento, subraya la infectóloga del HC. “Son situaciones que ya existían antes de la pandemia y se acentuaron a partir de las tensiones generadas por el aislamiento social, la pérdida del empleo, la sobrecarga en las tareas domésticas, la convivencia permanente bajo el comportamiento controlador del agresor, entre otros motivos”, dice.
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Los datos recientes recopilados por proyectos como el Monitor de la Violencia han registrado una tendencia al aumento en los casos de femicidios durante el período previo a la cuarentena. El estudio, elaborado por el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (NEV-USP) en colaboración con el FBSP y el portal G1, constató que en Brasil, estos asesinatos crecieron un 7,3% en 2019 en comparación con el año anterior, y costaron la vida de 1.300 mujeres.
Según datos que figuran en la 13ª edición del Anuário brasileiro de segurança pública, producido por el FBSP, en 2018 se registraron 1.206 casos de femicidios en Brasil, un aumento de un 11,3% en comparación con los informados 2017. El anuario también reveló que hubo más de 66 mil casos de agresiones sexuales en ese período, un incremento de un 4,1% si se los compara con 2017. En el contexto global, el informe de la ONU divulgado en abril corroboró que en los 12 meses anteriores a la pandemia hubo 243 millones de adolescentes y mujeres con edades comprendidas entre 15 y 49 años que fueron víctimas de violencia sexual o física.
Las agresiones suelen producirse en el contexto de relaciones afectivas, donde el agresor a menudo es el marido de la víctima o el padre de sus hijos, según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) en 2019, en el cual se detectó que, en Brasil, el 43,1% de los casos de violencia contra la mujer tiene lugar dentro del hogar, un 32,2% involucra a personas conocidas y un 25,9% a parejas o exparejas. En el estado de São Paulo, un estudio del Instituto Sou da Paz, elaborado con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública y de las comisarías de las policías Civil y Militar, reveló que en 2019, siete de cada diez víctimas de femicidio fueron asesinadas dentro de su casa. Es decir, 125 de esos asesinatos ocurrieron en los hogares de las propias víctimas. Si se lo compara con 2018, el aumento fue de un 40%. El análisis del instituto también reveló que en el 80% de los casos la víctima conocía al autor del crimen. Los datos que figuran en el 13º anuario del FBSP también indican que en su gran mayoría las violaciones se cometen contra niñas menores de 13 años.
Guita Grin Debert, del Departamento de Antropología de la Universidad de Campinas (Unicamp), señala que los altos índices de violencia registrados dentro del hogar muestran una realidad largamente advertida por antropólogos y sociólogos. “La familia no es solamente un núcleo afectivo, sino también de conflictos, tanto de índole generacional como de género”, reflexiona. Grin Debert, quien desde hace más de 20 años desarrolla proyectos de investigación que atañen a las cuestiones de género, recuerda incluso que las últimas décadas estuvieron signadas por cambios radicales en la condición femenina. “Hoy en día, alrededor del 20% de las familias brasileñas se encuentra a cargo de mujeres, lo que representa una marcada transformación en comparación con la realidad de la década 1960, cuando se necesitaba la autorización del marido para trabajar fuera de la casa. En pocos años, las mujeres han cuestionado el modelo tradicional de femineidad, que ya no coincide con los roles que desempeñan actualmente en la sociedad”, dice.
En Brasil, las mujeres de raza negra fueron el 61% de las víctimas de femicidios en 2018
Según las apreciaciones de aquellos que estudian el tema, este proceso de conquista de derechos sigue desencadenando reacciones conservadoras, siendo la violencia la más extrema de ellas. Según Heloísa Buarque de Almeida, del Departamento de Antropología de la USP, a partir de la década de 1970, cuando las mujeres de la clase media ingresaron masivamente al mercado laboral, los índices de violencia también comenzaron a registrar un crecimiento. “Cuanto más intentan las mujeres superar las relaciones desiguales, cuanto menos aceptan la autoridad masculina, dejando de cumplir los roles que se le adjudicaron en relación con el cuidado del hogar y de la familia, más violencia padecen”, dice la antropóloga, quien hacia el final de 2019 concluyó el proyecto de investigación sobre violencia sexual y el proceso de construcción de derechos.
Estudiosos como la antropóloga Beatriz Accioly Lins, investigadora del Núcleo de Estudios sobre Marcadores Sociales de la Diferencia (Numas) de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH) de la USP, que trabajan con el repertorio de las teorías de género y sexualidad, entienden el aumento de la violencia contra la mujer como un intento por controlar su autonomía creciente, tanto en lo que tiene que ver con la sexualidad y el propio cuerpo, como con la cuestión económica. “Desde el momento en que ellas comienzan a objetar actitudes que anteriormente se consideraban naturales, como las situaciones de acoso, por ejemplo, las reacciones se han vuelto más virulentas”, dice Accioly Lins, quien en su tesis doctoral defendida en 2019 analizó la violencia de género en internet.
La tipificación de los asesinatos motivados por el hecho de que la víctima sea del género femenino, los denominados femicidios o feminicidios, constituye un problema grave en toda América Latina. Según datos de la ONU, la región concentra a 14 de los 25 países con las tasas de femicidios más altas del mundo. En Brasil, el femicidio pasó a ser una categoría penal en 2015, a partir de la aprobación de la Ley nº 13.104, que pasó a conocerse como la Ley de Femicidio y cambió la clasificación de los casos que antes se investigaban como asesinatos de mujeres. Mariângela Gama de Magalhães Gomes, del Departamento de Derecho Penal, Medicina Forense y Criminología de la Facultad de Derecho (FD) de la USP, explica que con la nueva ley, el femicidio se convirtió en una circunstancia calificadora, pudiendo elevar la pena para el agresor. “Cuando a un crimen se lo califica como asesinato u homicidio, la pena oscila entre 6 y 20 años de cárcel, pero cuando se lo considera homicidio calificado, o sea, cuando el juez entiende que fue perpetrado por un motivo banal, por medio de tortura u otro acto que se considere agravante, tal como es el caso del asesinato motivado por cuestiones de género, la pena puede llegar a ser de 30 años”, especifica. Para Magalhães Gomes, quien coordina un proyecto de extensión que apunta a aportar información a las víctimas de violencia de género sobre los derechos previstos en la Ley Maria da Penha, aparte de encuadrar en forma más adecuada los delitos de femicidio, la nueva legislación ha dotado de visibilidad a la violencia contra la mujer y ha facilitado la identificación de los casos.
La Ley de Femicidio fue aprobada como parte de un proceso de transformación del sistema jurídico, explica Magalhães Gomes. Según la investigadora, hasta los comienzos de este siglo no eran pocos los tribunales brasileños que absolvían a los agresores cuando estimaban que estos habían obrado “en legítima defensa del honor”, en situaciones en las cuales se consideraba que los acusados estaban siendo traicionados o humillados por las mujeres. “Históricamente, la idea de la supremacía masculina en la esfera familiar ha permeado al sistema jurídico brasileño desde sus comienzos, en detrimento de las mujeres no solamente al juzgar los delitos cometidos en su perjuicio sino también en las demandas de divorcio y custodia de los hijos”, dice.
Un hito reciente en este proceso de transformación fue la aprobación, en 1995, de la Ley de Juzgados Penales Especiales (Ley nº 9.099), creados para acelerar los juicios por delitos con penas de hasta dos años, centrándose en las disputas por cuestiones de tránsito o entre vecinos. “Al comienzo de la década de 2000, se constató que más de un 70% de los casos elevados a los juzgados especiales involucraba violencia contra la mujer”, informa Maria Filomena Gregori, del Departamento de Antropología de la Unicamp. Según Gregori, las penas previstas por ley contemplaban, fundamentalmente trabajos comunitarios, inadecuados para lidiar con la agresión física. “Ocurría, por ejemplo, que mujeres jefas de familia denunciaban por violencia a sus maridos, y la condena preveía la donación de canastas básicas de alimentos que acababan siendo pagadas por la propia víctima”, describe la investigadora, quien estudia la violencia contra la mujer desde la década de 1980. Según las leyes, la prerrogativa de iniciar una demanda judicial le correspondía a la mujer agredida. “La Ley nº 9.099 terminó creando dificultades para combatir esos delitos, dado que las víctimas empezaron a desistir de denunciar a sus agresores porque a menudo las penas acababan recayendo sobre ellas, como en el caso de la donación de canastas de alimentos. Esas situaciones impulsaron debates acerca de cómo debería procesarse la violencia contra la mujer”, relata.
A partir de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el propósito de actualizar su legislación, el Congreso Nacional de Brasil aprobó en 2006 la Ley Maria da Penha. “Esa fue la primera vez que se empleó la expresión violencia de género para formular una ley”, informa Magalhães Gomes, de la FD-USP, recordando que, con la nueva ley, la apertura de un proceso ya no depende de la voluntad de las víctimas. Hoy en día, cualquier testigo de una agresión puede firmar un acta de denuncia y solicitar la investigación del caso. “La entrada en vigencia de la ley motivó un amplio debate en la sociedad y en los medios de comunicación. Muchas mujeres que padecían violencia en el marco de relaciones abusivas tomaron conciencia de su situación y las denuncias arreciaron”, informa la investigadora.
Gregori reconoce los avances conseguidos por la Ley Maria da Penha, pero también hace hincapié en que la misma presenta un problema de fondo al definir a las agresiones contra la mujer como violencia doméstica y normalmente se circunscribe este tipo de ataque al contexto de las relaciones conyugales heterosexuales. “Aquella violencia que también tiene origen en cuestiones de género y sexualidad, pero que afecta a los transexuales, por ejemplo, no está contemplada en la legislación”, señala.
La herramienta de chateo Maia, una sigla que significa Mi Amiga la Inteligencia Artificial, fue creada en marzo por el Ministerio Público de São Paulo a partir de un folleto informativo sobre la violencia contra la mujer, y desarrollada en el marco de la campaña “Namoro Legal”. En el contexto de la pandemia han accedido a ella más de mil mujeres y contribuyó para detectar aspectos abusivos en las relaciones afectivas, aclarar dudas y brindar orientaciones sobre cómo proceder en caso de agresiones.
Otra complicación, a juicio la socióloga Wânia Pasinato, consultora en proyectos relacionados con cuestiones de violencia contra la mujer, hace mención a la inexistencia en Brasil de una base de datos nacional. Ella explica que los primeros datos oficiales sobre casos de violencia doméstica comenzaron a generarse solamente después de la creación de las comisarías de la mujer, en 1985. “Hasta entonces, la violencia contra la mujer era un tema inherente a la esfera privada y los homicidios que hoy en día se encuadran en la figura del femicidio eran considerados crímenes pasionales”, recuerda. A partir de la promulgación de la Ley Maria da Penha, la violencia contra la mujer comenzó a medirse mediante estadísticas policiales y delictivas de las secretarías de Seguridad Pública de los estados. “Pero no hay un protocolo común y solamente algunas unidades de la federación brasileña divulgan esas informaciones”, se lamenta. De acuerdo con Pasinato, el país tampoco realizó estudios con miras a medir la frecuencia de este tipo de violencia en el territorio nacional, un panorama diferente al que puede verse en la Unión Europea (UE), por ejemplo, donde existen iniciativas oficiales incluso para mapear el problema en el contexto de cada país. El estudio intitulado “La violencia contra las mujeres: Una investigación a escala de la Unión Europea”, que se llevó a cabo en 2014 y en el que participaron 42 mil mujeres de 28 naciones de la UE, constató que, a partir de los 15 años de edad, una de cada diez mujeres fue víctima de alguna forma de violencia sexual.
Si bien los registros oficiales muestran la expansión de la violencia en el ámbito doméstico, Gregori hace hincapié en la necesidad de analizar un fenómeno más reciente, que tiene que ver con las crecientes manifestaciones públicas de violencia contra la mujer, e incluye abusos tales como las burlas humillantes universitarias y actos de ciberacoso. Pasinato también hace referencia a los incidentes que van más allá de la esfera doméstica, como los asesinatos de chicas por bandas de delincuentes en el estado de Ceará. “Muchas de ellas son amenazadas de muerte por internet porque se relacionan afectivamente con integrantes de bandas rivales”, informa. En su tesis doctoral, defendida en la FFLCH-USP, Lins estudió la difusión de desnudos, un fenómeno que también se conoce como pornografía de represalia. “Los cambios tecnológicos de la última década han afectado el ejercicio de la sexualidad. A partir de la aparición de aplicaciones de encuentros, tanto afectivos como sexuales, proliferó la utilización de imágenes del propio cuerpo como forma de seducción o coqueteo”, dice. Según la antropóloga, existe una nueva forma de manifestación de violencia contra la mujer que involucra la difusión de esas imágenes sin previa autorización. La antropóloga traza un paralelo entre este tipo de agresión con las situaciones de acoso sexual, que se caracterizan por no haber consentimiento de una de las partes. “No hay que perder de vista que, en el espacio virtual, en internet, las personas tienen los mismos derechos y deberes que rigen la vida fuera de ella”.
En 2018, Brasil registró más de 66 mil casos de violencia sexual. Entre las víctimas, un 53% tenía menos de 13 años
Entre otros aspectos, hacerle frente a la violencia contra la mujer exige una capacitación específica de la policía. “Sin una buena preparación, muchos agentes menosprecian la gravedad de los actos y las mujeres acaban desistiendo de radicar las denuncias correspondientes contra sus parejas”, dice la psicóloga Juliana Martins, coordinadora institucional del FBSP. Últimamente, estados tales como Piauí, Maranhão, Paraíba y el Distrito Federal adoptaron medidas para mejorar la comprensión de las cuestiones de género dentro de las instituciones policiales, con el objetivo de mejorar la investigación y el registro de delitos. En 2018, la Academia de Policía del Estado de São Paulo elaboró un manual para ayudar a agentes de policía a desarrollar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género. “La investigación de los femicidios requiere de una capacidad que no todas las comisarías poseen. Es necesario, por ejemplo, identificar si la mujer fue asesinada por su condición de tal, en qué medida eso la dejó vulnerable y si había un historial de agresiones”, informa la socióloga Giane Silvestre, investigadora posdoctoral en el NEV-USP. Ella recuerda incluso que la vía judicial no siempre es la opción inmediata ante situaciones de agresión. “Las mujeres suelen sufrir aún más ataques cuando su pareja descubre un intento de denunciarlo. El sistema judicial también debe contar con una amplia estructura de contención de las víctimas, con psicólogos y trabajadores sociales, para ayudarlas a salir de las relaciones abusivas”, sostiene.
En lo que respecta al contexto actual de pandemia, la creación de sistemas en línea para la recepción de denuncias, servicios de alerta en farmacias y supermercados, albergues temporales para las víctimas y restricciones a la venta de bebidas alcohólicas son algunas de las recomendaciones de la ONU para combatir la escalada actual de agresiones. “Cabe recordar que las mujeres pueden estar aisladas, pero no están solas”, concluye Boulos.
Violencia contra la mujer
Todo acto o conducta basado en el género que cause la muerte, padecimiento físico, sexual, psicológico, moral o daños patrimoniales a la mujer, tanto en la esfera pública como en la privada.
Violencia sexual
Es todo acto sexual o en grado de tentativa, comentarios o propuestas sexuales no consentidas, actos para comercializar o controlar la sexualidad de una persona mediante el uso de la coerción en cualquiera de sus formas realizados por cualquier individuo, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito, incluyendo, sin estar limitados, el hogar y el ámbito laboral. Abarca toda acción que se ejerza en un contexto de relación de poder, cuando el abusador obliga a otra persona a una práctica sexual o sexuada contra su voluntad, mediante el ejercicio de la fuerza física, la coacción psicológica (intimidación, atracción, coerción de la voluntad, seducción) o recurriendo al uso de armas y drogas.
Proyecto
Núcleo de Estudios de la Violencia – NEV/ USP (nº 13/07923-7); Modalidad Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid); Investigador responsable Sergio França Adorno de Abreu (USP); Inversión R$ 23.268.665,90
